El gobierno retoma la discusión de las plantas de tratamiento, esta vez por medio de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales.
Por Claudia Palma
De los cinco objetivos de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, uno compete a las municipalidades, el de fortalecer los servicios básicos de forma permanente. El suministro de agua, por ejemplo.
En la primera evaluación de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) solo una tercera parte de las comunas (120 para precisar) cuentan con una oficina de agua y saneamiento. Por ello la Copresam retomó un viejo tema, el reglamento (236-2006) de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, que obliga a las comunas a instalar las plantas de tratamiento. El Código Municipal establece que el manejo de las aguas residuales y desechos sólidos esté a cargo de las municipalidades.
En diciembre pasado, el ministerio de Ambiente prorrogó por quinta ocasión la obligatoriedad de que cada municipio trate sus aguas servidas. Tienen hasta el 2 de mayo de 2023 para ponerse al día con ese tema. Mientras, sale a flote este atraso en playas como las de Omoa, Honduras, a donde desembocó la basura y desechos arrastrados por el río Motagua el pasado fin de semana.
“Como primer paso se trabaja con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para evaluar las oficinas de sanamiento municipal que estén activas”, indicó la portavoz de la Copresam, Eugenia De León.
Las mancomunidades de alcaldías de Huehuetenango, San Marcos, mancomunidad del Sur y Oriente manifestaron su interés en montar una Oficina Municipal de Agua (OMA). “Aunque hay interés, las alcaldías no cuentan con las capacidades técnicas, queremos hacer un proceso formativo para montar las oficinas”, agregó De León. El proyecto empezará con la mancomunidad de Huehuetenango en octubre próximo.
Tres cosas urgentes
Raúl Maas, experto en temas de agua, trabaja para el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar. Al consultarle dónde debe debe estar la atención de las municipalidades en el tema del agua, habló de tres prioridades.
Uno, asegurar que los habitantes tengan agua en cantidad y calidad suficiente. Según el Censo 2018, el 59 por ciento de hogares no recibe agua entubada sino de chorros públicos, lluvia o afluentes como ríos y lagos
Dos, que los gobiernos locales aseguren tratar sus aguas servidas, que las devuelvan a los afluentes con las mismas calidades que las tomaron, lo cual se lograría con la instalación de plantas de tratamiento.
“Uno de los mayores problemas es la utilización de los cursos de agua para movilizar los residuos industriales, cárnicos, porcinos, orgánicos, radioactivos. Por ejemplo, basureros y rastros están cercanos a cuerpos de agua”, señaló Maas. En San Marcos, por ejemplo, existen plantas de tratamiento en la cuenca del río Naranjo, sin embargo, carecen del presupuesto necesario para su funcionamiento.
La prioridad número tres es asegurar las reservas ambientales estratégicas, es decir, los espacios en donde deberían conservarse ecosistemas naturales que asegura una adecuada dotación de agua. En el país la principal fuente de captación son las lluvias.
Guatemala recibe 95 mil millones de metros cúbicos al año del líquido y es por eso debe garantizarse que las zonas de recarga hídrica se mantenga con el mayor volumen de naturalidad posible. Pero por ahora carece de la infraestructura necesaria para retener esa cantidad de agua.
El país se considera “exportador de agua”, ya que este volumen drena a los países vecinos o directamente a los océanos. Se considera que las aguas subterráneas son la única forma de almacenamiento de agua en el país, puntualizó el experto.
Lee también: Quinta prórroga: comunas tienen hasta 2023 para tener plantas de tratamiento
