La municipalidad se rehusó a informar sobre el salario, dietas y gastos de representación que cobra el jefe edil Raúl Gutiérrez.
Por Redacción
Ante la negativa de la municipalidad de Ixcán, Quiché, de entregar la información requerida, Ojoconmipisto ratificó este día ante la Fiscalía Contra la Corrupción la denuncia presentada en contra del alcalde Raúl Gutiérrez Ardón, el pasado 27 de octubre.
El 1 de agosto de 2018, Ojoconmipisto solicitó información sobre el salario, dietas y gastos de representación de los alcaldes de los 21 municipios de Quiché, correspondientes a las últimas tres administraciones.
Las municipalidades cumplieron con entregar los datos dentro de los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, y entregaron lo requerido. Salvo Ixcán.
Raúl Gutiérrez Ardón participó en las elecciones de 2015 con la UNE y ocupa por primera vez este cargo. Intentó buscar la reelección con Prosperidad Ciudadana, pero solo obtuvo 458 votos. El ganador fue Elías Antonio Calel, de la UNE. Este último es el actual concejal primero.
En la contienda de 2019 participaron 17 partidos políticos y un comité cívico. El Tribunal Supremo Electoral reportó un abstencionismo del 52.52 por ciento.
La municipalidad dijo al Ministerio Público que el 26 de septiembre de 2018 había entregado una encomienda con la información al corresponsal de Ojoconmipisto. Sin embargo, esto no fue así. El encargado de la Unidad de Información Pública (UDI) llamó al reportero para avisarle, pero no era la información solicitada. Esto se expuso al momento de ratificar la denuncia.
Antecedentes
El coordinador de la UDI de esa alcaldía, Klinsman Oliva Recinos, envió el 15 de octubre de 2018 un informe circunstanciado a Ojoconmipisto. En el documento Oliva explica que recibió la solicitud, la cual trasladó al Director Financiero Municipal. Sin embargo, él no respondió ni pidió prórroga.
“Ante la negación de lo solicitado, pueden tomar las medidas legales correspondientes”, respondió por escrito Oliva Recinos.
De acuerdo con el artículo 66 de la ley, un funcionario que no responde comete el delito de retención de información pues impide que el solicitante tenga acceso a la información requerida. La persona puede ser sancionada con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de Q10,000 a Q50,000.
La información solicitada recae en la categoría “información pública de oficio” que la municipalidad debe publicar cada mes en su portal. Sin embargo, la información disponible en la página solo tiene el salario base, no así las dietas y gastos de representación que percibe cada mes.
El 27 de octubre de 2018 también se presentó la misma denuncia ante la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, pero no ha habido respuesta alguna.
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