La municipalidad no pudo dar una certificación jurada porque ellos no tributan. En consecuencia, el ministerio de Desarrollo Social los excluyó de recibir el beneficio.
Por José Pablo del Águila
Vendedores ambulantes, lustradores, trabajadoras de comedores, empleados de barberías, albañiles, pilotos y ayudantes de buses urbanos y extraurbanos, y de tuc tuc… la lista sigue en Guastatoya, El Progreso. Todos ellos no recibirán el bono de Q1 mil que el Gobierno ofreció para los trabajadores informales.
Son 2,073 afectados. Fueron excluidos porque ninguno tributa a la municipalidad y por ende no figuran en los registros de la comuna. De tal cuenta, no se pudo dar una certificación jurada y el ministerio de Desarrollo Social (Mides) no los incluirá en el programa de ayuda, explicó el alcalde de Guastatoya, Jorge Orellana.
Este apoyo estaba dirigido a personas que laboran en la economía informal y cuya actividad comercial cesó con la crisis del COVID-19 en Guatemala.
Para que alguien pueda ser incorporado en la lista de beneficiarios, los alcaldes deben enviar un listado al Mides, con base en sus registros, y certificar que las personas son trabajadoras informales.
El jefe edil de Guastatoya solo pudo registrar a 721 personas que sí tributan en la municipalidad, aunque según dijo no son los más afectados económicamente por la pandemia. Entre estos se encuentran propietarios de Tuc-Tuc, buses y de locales de mercado.
“La ayuda no va a llegar a la gente pobre y necesitada. Solo pudimos certificar quienes tributan, como propietarios de buses e inquilinos de mercado, pero no son los más necesitados”, lamenta Orellana.
Abner Morales, auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en El Progreso, dijo que en las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se abordó la falta de información y dificultades que tienen los alcaldes para elaborar la lista de beneficiarios.
“(El Mides) les pide el nombre de los propietarios de tuc-tuc, mas no de los pilotos. Entonces les hacen ver que quienes recibirán el beneficio son los propietarios”, dijo Morales.
Ojoconmipisto consultó al vocero del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Walter Gómez, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Mixco también se queja
El alcalde de Mixco, Neto Bran, también se quejó de que el Ejecutivo ha puesto demasiados requisitos para recibir los listados. Mynor Espinoza, vocero de la comuna, dijo que cuatro veces le han regresado el listado de beneficiarios.
“La primera vez dijeron que había que incorporar datos generales de las personas, sin detallar a qué se dedicaban. Luego dijeron que sí había que poner a qué se dedicaban. Luego lo volvieron a cambiar porque había que poner fecha de nacimiento. No tenemos información de cuándo empezarán a pagarle a la gente o si todavía depurarán el listado”, se quejó Espinoza.
Karin Slowing, investigadora social y exsecretaria de Segeplan, dijo que el diseño de este programa tiene errores y es excluyente. El Ejecutivo no consideró que la mayor parte de la economía informal no figura en registros públicos, comentó.
“Hay un mal planteamiento desde el inicio. Dejaron fuera a la gente que está en la informalidad. Con esto no estoy diciendo que un dueño de bus no deba recibir, pero el espectro de afectados es mucho más amplio y lo dejaron fuera”, explicó.
Slowing consideró que el Mide debió hacer público un reglamento donde se explicara la metodología para este programa y no manejarlo como un secreto.
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