Esta modalidad permite a los alcaldes erogar fondos sin autorización del concejo, la condición es que el negocio no supere los Q90 mil.
Por José Pablo del Águila
Mientras los vecinos celebraban Navidad y daban la bienvenida al nuevo año, 15 municipalidades aprovecharon para realizar compras directas por Q3 millones 797 mil entre el 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2020.
Esta forma de adjudicar ha sido cuestionada por la falta de transparencia, ya que no requiere cotizar o licitar. La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) dice en su artículo 38, inciso b, que se puede erogar fondos de esta manera si el negocio es mayor a Q10 mil y menor a Q90 mil.
Sin embargo, los alcaldes han logrado esquivar esta limitación. Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explica que las instituciones tienden a “fraccionar” las compras. Es decir, hacen varias adquisiciones de un mismo tipo de bien o servicio (sin superar los Q90 mil) en un período corto de tiempo a un mismo proveedor. El fin es evadir las cotizaciones y licitaciones públicas.
Entre las comunas que parecen haber incurrido en esta práctica está Chiantla, Huehuetenango. Guatecompras registró el 31 de diciembre la adjudicación de materiales de construcción y arrendamiento de maquinaria a un solo proveedor: Josué Amado Orellana. El costo total fue de Q497 mil 030, pero la corporación edil dividió la compra en seis adquisiciones, cuidando que ninguna de ellas superara los Q90 mil.
Consultado al respecto, el jefe edil de ese municipio, Carlos Armando Alvarado Figueroa, dijo que ninguna de las adjudicaciones se ha pagado ya que aún se están elaborando los contratos. Aseguró que no existe ningún fraccionamiento, pues los materiales de construcción y el arrendamiento de maquinaria son para diferentes comunidades.
“Cuando (usted) indica que se está evadiendo la cotización o licitación como lo marca la ley de contrataciones del Estado, la respuesta es categórica: NO EXISTE FRACCIONAMIENTO PUES SON DIFERENTES Comunidades DIFERENTES EVENTOS, DIFERENTE BENEFICIO Y CADA EXPEDIENTE CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN” (sic), respondió en un mensaje de texto.
Otro caso similar es el de Gualán, Zacapa. El 24 de diciembre realizó tres compras de sillas y mesas, toldos y pizarrones sin superar los Q90 mil en cada una, a Desarrollos Inmobiliarios Zona del Este, Sociedad Anónima. El monto total fue de Q198,200.
El alcalde de Gualán, Luis Alfredo Ortega Tobar, no respondió las llamadas ni mensajes a su celular cuando se intentó consultarlo sobre este tema.
Alvarado Figueroa y Ortega Tobar intentaron reelegirse en sus municipios, pero ninguno de los dos lo logró.
La LCE establece en su artículo 81 que los funcionarios que incurran en esta práctica serán multados con el cinco por ciento del valor de la negociación. También pueden ser llevados a los tribunales si se determinara que cometieron algún delito.
Indicios
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comenta que es una práctica usual para las entidades del Estado hacer compras directas en épocas festivas, ya que el escrutinio público es “menos intenso”.
Flores y Barrientos señalan a la Contraloría General de Cuentas (CGC) como la responsable de verificar si las adjudicaciones de las corporaciones ediles se realizaron con anomalías o no.
Ojoconmipisto llamó a Mónica Monge, asesora del despacho en la CGC, para consultarle cómo actuaría el ente fiscalizador, pero no respondió las llamadas ni los mensajes a su celular.
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