Durante sus administraciones pasadas los vecinos les reprocharon mal manejo de fondos públicos, pero el tiempo pasó y desde el 15 de enero de nuevo son jefes ediles.
Por José Pablo del Águila
Víctor Hugo del Pozo, de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Rubelio Recinos Corea, de Barberena, Santa Rosa y Mainor Orellana Mazariegos, de Amatitlán, Guatemala, gobernaron sus municipios en épocas pasadas. En las elecciones 2019 lograron, una vez más, obtener mayor cantidad de votos que sus rivales y tomaron la vara edilicia para el periodo 2020-2024.
Todos tienen algo en común: mientras fueron alcaldes hubo cuestionamientos de vecinos y reportajes de prensa que documentaron el mal manejo de fondos públicos. Estos son los casos que apañaron a cada uno.
Del Pozo, dos periodos
(1996-2000 y 2000-2004)
Genera antipatía en algunos vecinos que recuerdan su administración por cobros excesivos del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI). El malestar se originó en abril de 2001, cuando la comuna suscribió un contrató con Soluciones Cartográficas para el arrendamiento de equipo de cómputo para hacerce cargo de la “gestión” del IUSI.
El acuerdo era que Soluciones Cartográficas cobraría el 25 por ciento del total de lo recaudado del impuesto. Vecinos de la ciudad colonial afirman que la entidad sobrevaluó algunas propiedades para cobrar más impuesto.
Del Pozo ganó la alcaldía, pero no es tan popular. Solo el 18 por ciento del electorado antigüeño votó por él.
Recinos Corea, cuatro periodos
(2000-2004, 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016)
En 2012 el alcalde y su esposa, la diputada Aracely Chavarría, encontraron una formula para que su hotel-restaurante “El Puente” fuera adjudicado con compras directas en la municipalidad de Barberena y en el Ministerio de Salud, donde laboraban dos de sus hijas.
La estrategia consistió en “alquilar” el restaurante a Francisco Alonzo, un piloto que laboró en la comuna y en el Ministerio de Desarrollo Social. De esa cuenta era Alonzo el que facturaba a la comuna, pero los verdaderos dueños del negocio eran Recinos Corea y Chavarría. A Q1.5 millones ascendían las compras con las cuales se benefició al restaurante.
Chavarría, exdiputada, fue detenida el pasado 15 de enero, el mismo día que asumió su esposo la alcaldía, acusada por el Ministerio Público de tráfico de influencias.
Orellana Mazariegos, dos periodos
(2008-2012 y 2012-2016)
Según un reportaje de la Revista ContraPoder, durante su primera administración en Amatitlán se benefició con 28 contratos de infraestructura a las empresas Construmaq y Concisa por Q15.7 millones. Ninguna tiene dirección física y la que consignaron en la declaración jurada ante la comuna no existe.
El jefe edil también compró un vehículo blindado para movilizarse por Q508 mil. En 2013 Amatitlán compró a la empresa Sistemas Integrales en Comunicaciones S.A. cámaras de seguridad por Q449,999.9, pero fraccionó las compras para que no superaran los Q90 y así evitar cotizar o licitar.
Los motivos
El regreso al poder se explica por varios factores. Cuando se alcanza una alcaldía, la persona logra estrechar relaciones con líderes locales y, en ocasiones, amasar riqueza. Esto les permite emprender campañas electorales, afirma Edy Cifuentes, analista en temas municipales.
˝Hay relaciones que siguen manejando para seguir vigentes con las comunidades. (Por ejemplo), los cocodes son una piedra angular para sus propósitos porque tienen control de organización comunitaria”, afirma.
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