Los jefes ediles prestan especial atención a tres de ellos: el bono de la economía informal, el apoyo al comercio popular y dotación alimentaria. Cada uno presenta sus propios rezagos.
Por José Pablo del Águila
Desde que los programas sociales se empezaron a implementar, una de las quejas de los alcaldes en varias zonas del país fue que las ayudas no llegaban a sus vecinos y mostraron preocupación las últimas semanas por cómo la crisis agravaba la precariedad en sus municipios.
Tres meses después de que inició la emergencia sanitaria, las ayudas avanzan con dificultades, según se refleja la Comisión Presidencial Contra el Coronavirus (Coprecovid) en su último informe al Congreso de la República.
En el Bono Familia, consiste en una transferencia Q1 mil durante tres meses a 2 millones de hogares cuyo consumo de energía sea menor de 200 kWh, el primer pago se realizó el 22 de mayo. Según informó el presidente en la cadena nacional del 28 de junio, se habían realizado transferencias a 1 millón 463 mil 961 hogares.
Actualmente, la ejecución es de alrededor de Q1.5 millones. Quiere decir que aún faltan aproximadamente 500 mil familias en vulnerabilidad que no han recibido ni una sola transferencia.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que de todos los programas, este es el que presenta mejor ejecución, pero aún hay deficiencias por mejorar.
“El problema acá es que no se ha logrado llegar a población que no tiene energía eléctrica. Hay alrededor de 357 mil familias en esa situación, según el Censo 2018, y están en situación de pobreza y pobreza extrema”, agrega el Congresista.
En cuanto al apoyo al comercio popular, que supone una entrega única de Q1 mil a 200 mil vendedores informales, se ejecutaron Q65 millones. Los primeros beneficiarios fueron los comerciantes de la capital que recibieron su aporte el miércoles 8 de abril, según el ministerio de Desarrollo Social.
En todo el país, al domingo 21 de junio, según el presidente Alejandro Giammattei, iban 51 mil 205 personas beneficiadas. Esto equivale apenas al 25.6 por ciento del público meta de programa.
Por último, una de las ayudas con más retraso es el programa de dotación alimentaria. Se trata de 149 libras de alimentos para cada una de las 600 mil familias afectadas por cordones sanitarios y restricciones de libre locomoción. Estas entregas aún no han iniciado ya que no se ha liquidado.
En el apoyo a comercio popular y en la dotación alimentaria, los alcaldes participan directamente en la elaboración de los listados de beneficiarios.
Ayudas que llegan tarde
Karin Slowing, investigadora social y exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), dijo que la crisis empezó a golpear las economías familiares desde marzo, ya que los comerciantes del sector informal viven al día a día y no generan excedentes.
“Si queríamos impactar en la posibilidad de que gente se quedara en casa y aplanar curva, los programas debieron arrancar lo más tarde a principios de mayo”, comentó Slowing.
El problema, a diferencia de otros países, es que no existían fondos para ser ejecutados de manera inmediata y se tuvo que pedir aprobación al Legislativo. Y aunque el Congreso actuó con agilidad, había trabajo qué hacer en el ministerio de Finanzas para poder erogar recursos. En esto se demoraron seis semanas, explicó la entrevistada.
Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que esto demuestra que la administración pública no está preparada para la gestión de la crisis.
Debido a que la emergencia podría demorarse el resto del año, Coyoy sugirió que en el Ejecutivo se debe hacer un análisis de qué ha funcionado en cada programa y qué no. A partir de ello, proponer los cambios necesarios al Congreso.
El diputado Barreda también mencionó la posibilidad de que la Contraloría General de Cuentas realice reparos por algunas anomalías en la erogación de los recursos. Por ejemplo, en el bono de la economía informal, denunció junto con su bancada que se hicieron transferencias a 54 personas fallecidas y a gente que cobró dos o tres veces.
Se intentó obtener una postura del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de los tres programas que se mencionan en esta nota, pero no hubo respuesta.
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