Los jefes ediles pueden apoyar a través del fomento de una cultura de paz, no coordinar una delegación de la PNC, advierten expertos tras conocer del «convenio de la gestión y entrega de la Comisaría 16», entre Mixco y la candidata a presidenta por la UNE.
Por José Pablo del Águila
Las corporaciones municipales no son del todo ajenas al tema de seguridad. Un buen trabajo puede contribuir en la “prevención de la violencia”.
Carlos Menocal, exministro de Gobernación, dijo que hay suficientes estudios de cómo las corporaciones municipales pueden ayudar a prevenir que se “detone” la violencia en los municipios a través del fomento de una cultura de paz.
Sus atribuciones también les permiten mejorar las condiciones económicas y sociales. Esto hace que se reduzca la marginación y se generen más oportunidades de superación para la población local, dijo Menocal.
Adela Torrebiarte, excomisionada presidencial para la reforma policial, coincide en que un alcalde puede contribuir a prevenir la violencia con sus programas municipales.
Hay coordinación entre las municipalidades y la PNC en materia de seguridad, principalmente con las cámaras de grabación de video.
La violencia homicida en Mixco es de 29 por cada cien mil habitantes. Diez años atrás era de 83. Carlos Mendoza, de la organización Diálogos, dijo a Ojoconmipisto que estas mejoras se deben, en parte, al apoyo de la comunidad internacional.
La ruta incorrecta
Ambos entrevistados ven equivocada la manera que proponen Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el alcalde de Mixco, Neto Bran.
En una actividad pública, Torres se comprometió con el jefe edil a cederle funciones de “coordinación” en el mando de la Comisaría 16 si llega a ser presidenta. Torres dijo que su bancada modificaría la ley de la Policía Nacional Civil (PNC) para que el alcalde pueda coordinar la comisaría. Esta medida también podría aplicarse a municipios con más de 250 mil habitantes, aseguró la candidata.
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2019, Guatemala, Villa Nueva, Mixco y San Juan Sacatepéquez están por encima de ese número de habitantes.
Menocal calificó esta medida como “inviable, ilegal, antitécnica y hasta demagógico”. La Ley Orgánica de la PNC establece que la policía tiene una jerarquía de mandos y ninguno de ellos puede obedecer a alguien que no sean sus autoridades, como el director, el ministro de gobernación y el presidente, expresó.
“La seguridad ciudadana es responsabilidad plena del ejecutivo. ¿Por qué?, porque es el único que puede plantear políticas públicas en materia de seguridad”, afirmó Menocal.
Torrebiarte coincidió en que modificar la ley de la PNC para darle estas atribuciones a los alcaldes debilitaría la “estructura jerárquica” de la institución. Recordó que hay alcaldes involucrados con el narcotráfico y se corre el riesgo de que las comisarías queden al mando de estos grupos criminales.
Las organizaciones de sociedad civil podrían presentar amparos en contra de estas reformas que pretende hacer a la PNC. De momento, ninguna se ha pronunciado al respecto.
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