A causa de la pandemia, las restricciones en el transporte público continúan. Pero los pilotos no las acatan y suben el precio al pasaje como si lo hicieran.
Por Carmen Maldonado Valle
Desde la reactivación del transporte público en agosto de 2020, los pilotos anunciaron que aumentarían el precio del pasaje con el fin de cubrir los gastos de los vehículos, que serían los mismos a pesar de que la ocupación se reduciría. Después de varias semanas con este acuerdo, los usuarios denuncian que han vuelto a sobrecargar los buses, con asientos llenos y personas paradas en el pasillo, pero que cobran como si el bus llevara menos pasajeros.
Los autobuses que van de Santa Catarina Pinula a San José Pinula, por ejemplo, aumentaron el cobro a cada pasajero y aparentemente cumplen con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de coronavirus, pero este cuidado se esfuma cuando llegan a la aldea “Don Justo” porque allí terminan los puestos de registro.
Una de las afectadas es Fenda López, que para ir al trabajo toma un bus desde la aldea “Lo de Diéguez” hasta “Don Justo” y le cobran Q5 a pesar de que antes de la llegada del coronavirus pagaba la mitad. Al llegar allí paga otros Q5 para tomar a una camioneta que la lleva hasta Puerta Parada en Santa Catarina Pinula. Esta rutina inicia a las 7:00 de la mañana, cuando aún no hay puestos de registro en el sector y por ello las unidades van llenas y sin posibilidad de tomar distancia entre un usuario y otro.
Al salir del trabajo a las 5:00 de la tarde, López vuelve a tomar el bus en Puerta Parada y se dirige a San José Pinula porque el tráfico hace que tarde menos en llegar a su casa por esa ruta, así que paga otros Q7. “Donde tomo la camioneta se sube un inspector para revisar que solo vaya una persona por cada asiento y hasta allí todo bien. Dos pasarelas después (en “Don Justo”) ya no hay puesto de registro, entonces comienzan a atascar los buses y vamos todos apretados”, asegura López.
Al bajar, paga Q5 más en otro bus que la lleva de San José Pinula a Lo de Diéguez, donde los choferes vuelven a sobrecargar las unidades y se van por una carretera en la que no hay inspectores, y de ese modo evitan pasar por Pavón, donde sí hay un puesto de registro. Así, López gasta Q22 diarios de pasaje cuando previo a la pandemia era la mitad.
Para Edgar Guerra, defensor de los usuarios de transporte público por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, hay un “relajamiento” por parte de los pilotos, las autoridades y la población en general. “La gente piensa que por el cambio de año ya no hay pandemia (…), y las autoridades tampoco pueden hacer mucho porque apenas hay 22 inspectores y con eso no alcanza para supervisar los 50 mil autobuses en toda la república”, asevera.
Guerra califica como paradójico el encontrar durante las inspecciones a personas mayores que no utilizan adecuadamente las mascarillas dentro de los autobuses, mientras que los niños de dos o tres años las usan bien y no se las quitan. Además, sostiene que los pilotos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad en sus unidades pueden enfrentar multas de Q500 a Q3 mil, pero hasta el momento solo se ha sancionado a alrededor de 50 pilotos, así que “van a seguir jugándole la vuelta a los inspectores y robándole a la población a través del incremento a la tarifa sin medidas higiénicas”.
El alcalde de San José Pinula, Miguel Ángel Solares, sostiene que la policía de tránsito de su municipio hace lo posible por tener suficientes puestos de registro, pero esto no ha podido evitar que se rompan las reglas porque “sí nos hemos topado con buses sobrecargados y nos ha tocado bajar gente porque no cumple con las reglas. También hemos puesto remisiones”. Su municipio está en anaranjado en el semáforo de alertas.
Solares añade que si los pilotos no ofrecen gel antibacterial o no miden la temperatura de los pasajeros, no pueden hacer mucho. “Nosotros tratamos de que se cumplan las disposiciones, pero no les damos insumos (a los pilotos)”.
En los departamentos también sucede
Palín, Escuintla, se encuentra en alerta roja ante el contagio de coronavirus y, por lo tanto, el transporte público solo puede ocupar la mitad de los asientos. Las unidades con destino a la capital cobran Q10 a cada usuario a pesar de que en cada sillón van hasta tres personas sentadas, además de las que viajan en el pasillo. Previo a la pandemia el valor era de Q5 de pasaje.
Según el ministerio de Salud, tanto los municipios en alerta roja como los que se encuentran en anaranjado dependiendo de la cantidad de casos positivos de COVID-19 que tengan, pueden ocupar el 50 por ciento de los asientos como máximo. Por otro lado, sin importar el color en el que se encuentren, todos deben exigir a los usuarios el uso adecuado de la mascarilla en todo momento, medir su temperatura y ofrecerles gel antibacterial al ingresar a las unidades.
Mónica Valle, usuaria del transporte de Palín a la ciudad de Guatemala, cuenta que el servicio es pésimo. “El bus va lleno y al ayudante le da igual porque sigue metiendo gente, aparte de que ya no dan gel ni le toman la temperatura a los que se suben”. A su criterio, quienes contribuyen a que aumente el riesgo de contagios no son solo los choferes, sino también los pasajeros porque “van comiendo y tomando agua, y se quedan todo el viaje con la mascarilla en la barbilla mientras todos los demás tenemos que aguantarnos porque no tenemos otro modo de movernos”.
Antulio Choc es piloto de un bus que a diario recoge pasajeros en Palín, San Vicente Pacaya y Amatitlán con destino a Guatemala. Justifica que ha tratado de cumplir con todos los protocolos higiénicos, “pero a veces la gente se enoja y por más que uno le diga no se pone bien la mascarilla”. Sostiene que la mayor parte del tiempo obedece a las autoridades y no llena más de la mitad de la unidad, pero “algunas veces sí dejamos entrar a más gente porque nosotros podríamos llevar a pocos, pero la extorsión la seguimos pagando y a esa no le bajan el precio”.
Ojoconmipisto intentó comunicarse con los alcaldes de Palín, Amatitlán, San Vicente Pacaya y Escuintla en más de diez ocasiones, pero ninguno respondió.
Santa Cruz del Quiché también se encuentra en alerta naranja y por ello debe acatar las mismas reglas en cuanto a la ocupación del transporte público. Allá cobran el doble al consumidor, pero las unidades continuan abarrotadas.
Mishell Caal trabaja en la capital, viajó para pasar las fiestas con su familia en Quiché. Tomó una camioneta que antes le cobraba Q35, pero por las restricciones pagó Q70 para abordar. Suponía que iría sentada y sin nadie al lado, pero viajó de pie en un bus con todos los asientos ocupados y que se detenía a recoger a más personas. “Pagué más de lo que me cuesta un almuerzo para venir segura, y en vez de eso me meten a una canastera llena de personas. Los choferes no separan a nadie”, asevera Caal.
Según una publicación de la página comunitaria Quiché Libre, Caal no fue la única que se enfrentó a esta realidad. También se obtuvo la versión del presidente de la gremial de transportistas de Quiché, Delfino Natareno, que opina que “las autoridades abandonaron el control del transporte público en Quiché, nosotros ya le hablamos hasta el cansancio a los pilotos y ayudantes para evitar el sobrecargo de las unidades, pero hacen caso omiso”.
Mientras los autobuses se llenan, los pasajeros continuarán con un servicio que aumenta los precios, pero no respeta las reglas para evitar la propagación de la COVID-19.
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