La deuda de TuMuni con el IGSS equivale al 84.69 por ciento de su presupuesto 2021

Los Q1 mil 406 millones representan el 75.5 por ciento el total de lo que deben 254 municipalidades. El Seguro Social se rehusó al principio a proporcionar esta información.

La alcaldía negocia con el IGSS la deuda existente entre ambas entidades. Foto: Ojoconmipisto.

 

Por Isaias Morales

 

Para que la municipalidad de Guatemala se ponga al día con sus pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tendría que utilizar el equivalente al 84.69 por ciento de su presupuesto aprobado para este año, Q1 mil 600 millones.

El monto que debe pagar la alcaldía capitalina asciende a Q1 mil 406 millones por concepto de cuotas y jubilaciones, ya que junto a las empresas municipales figuran como patronos en los registros del Seguro Social. Así lo confirma la respuesta dada a la solicitud de información pública presentada por Ojoconmipisto.

La cifra incluye a todas las dependencias municipales, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y la Empresa Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra). El dato es al 3 de diciembre de 2020, de acuerdo con los departamentos de Cobro Administrativo y Judicial del IGSS.

Este monto aumentó en los últimos meses. En mayo de 2020, el Seguro Social envió un reporte al Congreso en el que consta que la deuda de las tres entidades sumaba Q673 millones. Siete meses después, la alcaldía envió una propuesta para suscribir una carta de entendimiento, informó Alessandra Gallio, concejal II. Este acuerdo busca que TuMuni empiece a pagar su deuda a partir de enero y que el IGSS también pague por las facturas atrasadas por servicio de agua a Empagua,

La municipalidad de Guatemala adeuda Q814 millones; la Empagua Q407 millones y la Emetra, Q185 millones, para un total de Q1,406 millones. Estas cantidades, según Gallio, ya incluyen mora, intereses y costos judiciales.

La concejal II agregó que si el Seguro Social paga los Q800 millones que debe a Empagua, el monto de la deuda municipal será menor. Sin embargo, el IGSS dijo a Ojoconmipisto que está al día con sus pagos, es decir, que no debe un centavo.

 

 

Reparos

 

Por estos atrasos la Contraloría General de Cuentas (CGC) multó al alcalde Ricardo Quiñónez, 13 concejales y síndicos; dos directores y al gerente municipal. El monto de la sanción fue de Q444,927  entre 17 personas, según el informe de 2019 presentado en mayo 2020. Los auditores justificaron la medida en que dejar de hacer los pagos afecta el patrimonio municipal, pues a la deuda se incrementa al sumar los intereses y los recargos por mora.

Quiñónez presentó entre sus pruebas de descargo que gestionó un convenio de compensación para atender este problema que se arrastra desde hace 30 años. Sin embargo, los registros de la Contraloría indican que estos atrasos vienen desde 2002, cuando el alcalde era Fritz García Gallont, seguido por la administración de Álvaro Arzú y la actual.

 

 

Las otras morosas

 

Después de TuMuni, Mixco, al mando de Neto Bran, es la que más adeuda al IGSS con Q94 millones. Les siguen Escuintla con Q15.4 millones; Jutiapa, Q13.3 millones; San Lorenzo, Q10.8 millones; La Gomera, Q12 millones y Chiquimula, Q10 millones 093 mil.

El listado se completa con otras 87 alcaldías que deben entre Q1 millón a Q9 millones cada una. La deuda entre los gobiernos locales supera los Q1,864 millones hasta principios de diciembre 2020.

Este compromiso ya fue reconocido por 171 de las 254 municipalidades con este pendiente. Según datos oficiales, en total 266 de las 340 alcaldías tienen cobertura del IGSS.

 

 

Reticencia

 

El 13 de noviembre pasado, la Unidad de Información Pública del IGSS se rehusó a proporcionar estos datos solicitados por Ojoconmipisto bajo el argumento de confidencialidad. Esa misma respuesta le dio a Plaza Pública que intentó conocer estos registros en mayo.

Por esta razón, Ojoconmipisto presentó un recurso de revisión el 25 de noviembre ante la Junta Directiva del Seguro Social que revocó la respuesta original de la UIP, a cargo de Angel Mario Santos Monroy. La respuesta definitiva se entregó el 15 de diciembre, cuando vencía el plazo para que la directiva resolviera y la UIP respondiera.

La oficina dijo en su resolución que el reportero no presentó el recurso ante la máxima autoridad (la Junta Directiva), sino ante ellos. Sin embargo, según la Secretaría Ejecutiva de Acceso a Información Pública (Secai), basta con entregarlo a la UIP pues el solicitante no está obligado a saber ante quién hacer ese proceso.

Santos Monroy se comunicó para expresar su disposición de entregar los datos y criticar que se solicitara la mediación de la Secai  pues lo consideróuna “forma de intimidación”.

La Secai, dirigida por Lilian Sierra, recomendó la UIP revisar sus procedimientos “e informar a las personas que interpongan un recurso de revisión cuál es el procedimiento interno para que presenten el mismo, y dar estricto cumplimiento a los plazos que establece la ley a fin de que se respeten los principios de sencillez y celeridad, al igual que el de transparencia”.

Según el último informe del Procurador de Derechos Humanos, en 2019, el Seguro Social registró en dos ocasiones quejas de entregar información fuera de plazo y en el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a Información obtuvo una puntuación de 63 por ciento.

 

Recuerda leer: TuMuni es la comuna que más dinero debe al IGSS

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