El anterior concejo municipal de Quetzaltenango deberá explicar ante Sala Cuarta de Apelaciones por qué le dio posesión a Juan Fernando López siendo él contratista del Estado.
Por Ojoconmipisto
El anterior concejo municipal de Quetzaltenango debe emitir un informe circunstanciado por darle posesión como alcalde a Juan Fernando López, “de manera ilegal”. Así lo ordenó la Sala Cuarta de Apelaciones que dio trámite a una acción de amparo, planteada por Frank Ríos, excandiato a la alcaldía con el Comité Cívico el Ferrocarril.
El expediente establece un plazo de 48 horas a partir de su notificación, para emitir un informe por haber permitido que López, o JF como es conocido, tomara posesión siendo él contratista del Estado. Se quebrantó el artículo 45, literal b del Código Municipal el cual prohíbe ejercer las funciones de alcalde, sindico o concejal a quien “directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio”, señala el excandidato Ríos.
Los magistrados Guillermo Demetrio España Mérida, presidente, Miguel Enrique Catalán Orellana y Giovanni Francisco Soto Barrios, vocales, consideraron darle trámite al amparo.
El artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala, enfatiza que los candidatos deben demostrar que no han sido contratistas del Estado o de otra entidad que reciba fondos públicos durante los últimos cuatro años antes de la fecha de su inscripción como candidato. En este caso hasta el 10 de octubre del 2016, de lo contrario tenían impedimento para participar en la contienda electoral.
El expediente presentado al Organismo Judicial, indica que el 27 de marzo de 2018, “aparentemente”, se rescindió el contrato de concesión y ampliación del Cementerio General de Quetzaltenango, el cual se firmó el 20 de marzo de 2007 entre la municipalidad (durante la administración de Jorge Rolando “Mito” Barrientos Pellecer) y la constructora J.F. Bienes Raíces, propiedad del actual alcalde.
Además, se detalla que durante las Elecciones Generales de 2015, López, obtuvo una curul en el Congreso de República (con el partido Unión del Cambio Nacional, UCN), pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no le permitió asumir al cargo debido a que aún era contratista del Estado.
La Ley de Amparos establece que en 48 horas se debe presentar el argumento de la parte impugnada, en este caso, del anterior concejo municipal. “Después de conocer el informe circunstanciado de esta parte los magistrados tienen una o dos semanas para determinar si dan con lugar o no el amparo provisional”, comenta Allan Estrada presidente de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas (AQC).
“Si se da con lugar se podría anular el nombramiento del alcalde Juan Fernando López y en su lugar asumiría la concejal primera, Katia Minera. Pero si se resuelve sin lugar el escenario cambia y por las faces que permite este proceso (por los amparos), estimo que pueda tardar un promedio de 12 o 24 meses para su resolución final”, afirma Estrada.
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