Alcaldes entrevistados coinciden en que hacen falta esfuerzos de Salud por informar a la población sobre la pandemia.
Por José Pablo del Águila
En Sololá la labor del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para medir la presencia de la pandemia ha sido insuficiente. Jefes ediles cuentan que debido a la falta de información sobre la COVID-19, los vecinos y líderes comunitarios se resisten a que se realicen hisopados por temor a que ello tenga efectos secundarios.
En la última actualización del semáforo, Sololá reportó una tasa de 21.83 pruebas por 100 mil habitantes. Fue el segundo departamento con menos tamizajes, solo lo superó Quiché con una tasa de 16.75 por 100 mil habitantes.
En Concepción, donde solo se han tomado dos muestras desde el inicio de la pandemia, el alcalde Pedro Juracán Leja cuenta que líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) no permiten que se realicen las pruebas.
“Se ha escuchado de todo, desde mentiras que dicen que si a alguien se le hace el hisopado se va a contagiar en el momento. Incluso platicamos con algunas personas y ellos dicen que si alguien muere no lo enterrarán en el transcurso de seis horas, como dice el protocolo de Salud, sino lo harán conforme a sus costumbres y tradiciones porque ahí no manda el ministerio de Salud”, relata el alcalde.
Mientras en Santa Cruz La Laguna, se reportó solo un tamizaje y cero casos en las semanas del siete al 20 de agosto. “Tenemos un bosque y un lago, el aire que respiramos es bueno. Además tenemos restricciones en las entradas principales al municipio”, dice el jefe edil Bartolo Simaj.
Un caso especial
Según la Dirección del Área de Salud en Sololá, a través de Julia Barrera, portavoz del ministerio de Salud, el rechazo a los hisopados es generalizado en todos los municipios del departamento. Sin embargo, donde mayor oposición existe es en San Pablo La Laguna.
Allí no solo se resisten a las tomas de muestra, sino al uso de la mascarilla y distanciamiento social, informó el Área de Salud. Al respecto, Juan Ujpán, alcalde de la localidad, explica que se debe a la desatención del Estado y a el hambre que padecen sus vecinos.
“La población está cansada de estar encerrada. Hay hambre y aquí no ha llegado ni una ayuda, ni una caja de alimentos y ni un apoyo a la municipalidad. Aquí no ha llegado nada”, lamenta Ujpán.
El jefe edil teme que si se intentan realizar hisopados se generen acciones violentas, tanto contra autoridades locales de salud como contra la municipalidad.
Según la organización Diálogos, que monitorea la ejecución de los programas sociales que se crearon por la crisis sanitaria, en Sololá se registran 57,350 beneficiarios del Bono Familia al 31 de julio. Estos equivalen al 2.74 por ciento de entregas a nivel nacional.
Este es uno de los diez programas que consiste en una transferencia de Q1 mil por tres meses a quienes tengan un consumo menor de los 200 kwh en su hogar.
Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos, explica que la ejecución del Bono Familia ha avanzado más que otros programas. Al 31 de julio era de 35.9 por ciento, 7.2 puntos más que en junio. Sin embargo, hay dudas de si las transferencias llegan a quien más lo necesita.
“Utilizamos una métrica de pobreza que el Mides desarrolló. Cuando cruzamos datos de pobreza con la proporción de beneficiarios a nivel municipal, nos dimos cuenta que la relación es a la inversa. Municipios más pobres tienen menos beneficiarios del bono familia, mientras que municipios con menos pobreza tienen mayores porcentajes de beneficiarios”, dijo Montenegro en relación a una de las conclusiones del reporte dos de ¿A quién no llega la ayuda?, de Diálogos.
Por su parte, la portavoz del MSPAS informó que el área de salud realiza campañas de educación sobre el virus y su prevención y se intentan acercamientos con Cocodes.
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