Leonel Chacón regresa por un tercer periodo, aún cuando existen denuncias de malos manejos que la Contraloría ignoró.
Por Sofía Menchú
Leonel Chacón, el alcalde electo de Cobán, pagó entre 2009 a 2019 Q3.7 millones por 69 sanciones que tenía en la Contraloría General de Cuentas (CGC). Luego le impuso otras nueve denuncias penales que “desvaneció” y le entregó su finiquito para que pueda asumir el cargo el miércoles 15 de enero.
Sin embargo, en el Ministerio Público (MP) aún tiene activas tres de esas denuncias que existen contra Chacón y otros integrantes de su concejo. Coincidencia o azar que uno de los asesores del contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, sea quien manejó las finanzas de Chacón en su primer período como alcalde 2008-2012. Se trata del exgerente financiero de la municipalidad de Cobán.
Hasta ahora el único intento para detenerlo ha sido una solicitud de amparo provisional presentada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el mes pasado por un grupo de vecinos de Cobán, pero todavía no ha sido resuelta. Esta era la única esperanza que tenían para evitar su retorno al gobierno local.
Riqueza inmediata
Leonel Arturo Chacón Barrios, de 51 años de edad, ganó la alcaldía en 2007 con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y en 2011 con el Partido Patriota (PP). Esta será su tercera administración en Cobán con Valor
Los dos periodos anteriores estuvieron llenos de anomalías, 78 según una ficha de auditoría extendida el 5 de diciembre de 2019 por la Contraloría y revisada por este medio.
El Examen Especial de Auditoría DP-0072-2016 del 17 de febrero de 2016 detalla que durante su administración, Chacón compró dos casas y dos carros , y solicitó y pagó préstamos millonarios que sobrepasaban sus ingresos salariales Q16 mil, más Q16 mil promedio mensuales de dietas por sesión de concejo.
El documento explica que no presentó constancias o las que mostró no eran suficientemente creíbles para respaldar la procedencia del dinero. Además, no enumeró ninguno de estos bienes en la declaración patrimonial de 2016, y por esas razones los auditores presentaron la denuncia en el MP el 3 de noviembre de 2016.
Estos fueron los hallazgos de los auditores:
El 15 de mayo de 1997, el alcalde adquirió una deuda hipotecaria por Q528 mil para comprar una casa en la Ciudad de Guatemala. En 11 años, solo había pagado Q8 mil 733. Pero, entre enero 2008 a enero 2013 canceló Q519 mil 266. Lo hizo con mensualidades de Q5 mil 073 que sumaron Q309 mil 423.26. Y el 26 de febrero de 2013 pagó, con un cheque de Banrural, el monto de capital extraordinario por Q209 mil 842.91.
En 6 de junio de 2012, contrató un crédito por Q162 mil 019 con el banco G&T Continental para comprar un picop Toyota valorado en Q313 mil 486, pero no lo presentó en su declaración patrimonial. Primero pagó Q151 mil 466 equivalente al enganche y el resto lo canceló entre junio 2012 y enero 2016 en cuotas de Q4 mil 031 que sumaron Q177 mil 402.
Tampoco declaró el préstamo al Banrural cuyo saldo a la fecha de la toma de posesión (en 2008) era de Q50 mil 279 y que canceló el 28 de octubre de 2008 para pagar otro vehículo. Ni reportó la contratación de la Constructora C.L. Diseño y Construcción por Q531 mil 546 para construir una de sus casas en Hacienda Real, un residencial ubicado en zona 16 de la ciudad.
Entre los descargos, el alcalde presentó una cuenta con un saldo de Q124 mil 800, pero al revisarla los auditores encontraron depósitos de US$20 mil entre enero y mayo de 2008. Él justificó este dinero como “indemnizaciones y ventajas” que le otorgó la Manufacturera del Caribe, de la fue representante legal, según Registro Mercantil, del 05 al 17 de marzo de 2004. Otros depósitos tampoco tenían respaldo documental.
Chacón justificó sus ingresos de esta manera: Que era dueño de 268 cabezas de ganado y que parte del dinero lo obtuvo por la compra venta de las reses. Y como comprobante presentó una hojas en excel. Además, comercializaba vehículos usados y recibía dietas, salarios e intereses de la empresa, pero nada de eso convenció a los auditores.
“Al no incluir el total de sus préstamos o deudas en sus declaraciones juradas hace suponer que existen elementos para creer que pudo incurrir en la posible comisión de ilícitos penales”, dice el documento. Esta denuncia fue desestimada por la misma CGC.
Las denuncias que no importaron
La Fiscalía contra la Corrupción confirmó que eran 11 las denuncias penales que tenía Chacón, pero a la fecha solo tres están vigentes. Una está a cargo de Mónica Elías y la otra de Miguel Ángel García. El MP no explicó las razones del retraso en las investigaciones, tampoco los motivos por los que desestimaron las otras.
El fiscal Estuardo Campo, jefe de esa fiscalía, se encontraba en una comisión oficial y no dio más detalles del caso. El 26 de noviembre del año pasado, la auxiliar fiscal Cleeli Echeverría solicitó a la municipalidad de Cobán un informe detallado del estado de dos proyectos: la construcción de la carretera del casco urbano hacia Petet valorada en Q14.2 millones y adjudicada en 2008 (NOG 595993), y por una construcción del sistema de agua potable para las 19 comunidades de Balbatzul que pagó a Q9.9 millones en 2010 (NOG 1155423).
El actual alcalde Jorge Koki Córdova dijo que solicitud de la fiscal Echeverría ya fue atendida. Agregó que durante 2019 la fiscalía requirió información sobre tres proyectos:
a) La construcción del proyecto de agua potable para 19 comunidades de Balbatzul por Q9.8 millones que nunca se realizó (NOG 1155423) y el dinero tampoco apareció.
b) La adjudicación para construir el Instituto de Básico Salinas Nueve Cerros (NOG 597791) para el que contrataron a una empresa que solo hizo el 34 por ciento de la obra y después la dieron en concesión a Latin American Resources Ltd., una explotadora y exploradora de Hidrocarburos.
El 15 de octubre de 2008, la municipalidad contrató a Carreteras y Asfaltos del Norte (Conorsa) para la construcción del instituto por un monto de Q2.9 millones. Seis años después, el 25 de marzo de 2014, Conorsa entregó a la alcaldía el 34.32 por ciento de avance del proyecto, equivalente a Q1 millón 022 mil 736, y se excusó de poder continuar. Esto, supuestamente, porque Latin American Resources Ltd., suscribió cinco meses antes (14 de octubre de 2013) un contrato de arrendamiento con la municipalidad para utilizar parte del inmueble que estaba dentro de una zona de explotación, Tortugas, por 18 años,. Este vence en marzo de 2031. Según la alcaldía, la petrolera tenía un plazo de tres meses para terminar la obra que sería de dos niveles.
“Terminar la construcción del Instituto fue una obligación contractual para acceder al área que ellos establecieron. Desconocemos los contratos anteriores con la otra empresa y tampoco sabíamos de un segundo nivel. Nosotros terminamos el edificio con un primer nivel, buscamos a la municipalidad para entregarlo con la administración de Chacón y con la de Koki, pero ninguno lo recibió. Y sí es verdad, el establecimiento está abandonado. Creo que no lo recibieron porque el Ministerio Público investigael caso”, explicó Andrea Fajardo, representante legal de Latin American Resources Ltd.
c) La dotación de vivienda mínima en donde Chacón pretendía proveer de láminas, estufas mejoradas y tinacos a mujeres de 141 comunidades (NOG2468328). Según la Contraloría, quien fue la que documentó todas las denuncias, esto no le correspondía la municipalidad y además la entrega estaba prevista para finales de 2015 cuando ya los partidos estaban en campaña.
¿Impunidad en la Contraloría?
Obras inconclusas, fraccionamiento, falta de documentos de respaldo, personal contratado en renglón 31 de jornales sin contrato y otras plazas sin calificación profesional, excesiva concesión de prórrogas, contratos sin aprobación y con deficiencias, son algunas de las causas que motivaron las multas por los dos períodos de administración del alcalde Chacón.
Nueve páginas conforman ese listado de hallazgos realizado por los auditores de la CGC que fiscalizaron a la municipalidad desde junio de 2009 hasta las revisiones presentadas en junio de 2016. Fueron 78 faltas en total, entre multas y denuncias penales.
La fecha en la que se “desvanecieron” o se anularon las denuncias no aparecen en el reporte, pero sí consta cuáles fueron los motivos. También muestra el monto pagado de Q3.7 millones por el alcalde para limpiar su récord de anomalías y obtener el finiquito que le permitió la inscripción de él y algunos de los miembros del próximo concejo en el Tribunal Supremo Electoral.
Ojoconmipisto buscó a Chacón para entrevistarlo para esta nota, pero no respondió. Por su parte, la Contraloría explicó que es una institución eminentemente administrativa, técnica y descentralizada y confirmó que el alcalde no tiene ningún caso pendiente con ellos.
“La persona no tiene ningún registro de cargos por lo que al momento de otorgar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) le fue otorgada de conformidad con la ley. El aspecto judicial es únicamente competencia del Ministerio Publico”, dijo Mónica Monge, vocera de la Contraloría.
Mientras que el TSE, a través de su departamento de Comunicación Social, explicó que ellos se basan en los finiquitos que entrega la CGC y que si los alcaldes lo presentan, el trámite siguiente es extenderles la adjudicación de cargos.
Leonel Chacón obtuvo en 2019, después de ganar las elecciones, su documento de adjudicación de cargos por parte del TSE sin problemas junto con Eduardo Ariel Hasse Rosales y José Eduardo Alvarado López, concejal I y II, respectivamente. Además de dos exconcejales, uno de ellos, Leopoldo Salazar, ganó la diputación para el periodo 2020-2024 también por el partido Valor en representación de Cobán.
Monge no explicó los motivos de la Contraloría para borrar y anular las denuncias que sus mismos contadores encontraron. Sin embargo, en esa institución hay varios funcionarios cobaneros y el que más sobresale es un viejo amigo del alcalde, Mynor Arturo Aquino Girón.
Él fue gerente financiero de la municipalidad de Cobán de 2008 a 2011. Aquino estaba a cargo cuando sucedieron varias de las supuestas anomalías y cuando un grupo de personas con pasamontañas asaltó la Tesorería y robaron Q150 mil.
Después trabajó como financiero en la municipalidad de Mixco en la administración de Otto Pérez Leal. Aquí fue denunciado en junio de 2017 por la Contraloría, junto con el alcalde, por emitir cheques por obras que supuestamente no se realizaron y que pudo usarse para pago de campañas. La empresa a la que pagaron tenía su dirección fiscal en Cobán.
En 2016, Aquino pasó a la Secretaría de Bienestar Social y el año pasado se convirtió en uno de los asesores del contralor general, Edwin Salazar.
Mynor Aquino es tío de Luis José Fernández, exconcejal de Cobán (2008-2012), exdiputado patriota y quien uno de los hombres de confianza de Pérez Leal.
La lucha de los cobaneros
El MP dijo que no tiene la potestad de detener o evitar que Leonel Chacón, sus dos concejales y el diputado Salazar tomen posesión de sus cargos el 15 de enero. El TSE no cuestionará el finiquito de la Contraloría y la Contraloría borró cualquier tropiezo que impida el regreso del alcalde a la municipalidad.
Los únicos que trataron, contrarreloj, accionar en contra de la nueva corporación municipal fueron siete vecinos de Cobán que lo hicieron a título personal. Ellos solicitaron un amparo provisional el pasado 18 de diciembre en la Corte Suprema de Justicia, el cual ya fue recibido por los magistrados para su trámite.
Este pretende que el TSE anule la adjudicación de cargos de Chacón y sus dos concejales, que los declare no idóneos para los puestos y se respeten los procesos pendientes de las denuncias vigentes en el MP.
También dos integrantes del Observatorio Ciudadano para la Paz de Cobán (OCP), un grupo de sociedad civil que trata de fiscalizar a sus funcionarios públicos, acudieron el mes pasado a la Contraloría y al MP para pedir información de los casos y preguntar el estado de las denuncias.
Ellos tocaron las puertas del fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y pidieron explicaciones al fiscal Campo y a la Contraloría, pero las respuestas de estas instituciones fueron desalentadoras.
Sandoval les dijo que ese caso no era suyo y los mandó a la Fiscalía contra la Corrupción en donde les explicaron que los fiscales no llegan a las comunidades a verificar la situación de las obras porque tienen miedo y es peligroso para ellos.
“Siempre es frustrante la respuesta de las instituciones. La intención no es dañar a alguien sino esfunción del Observatorio velar porque las instituciones del Estado, en este caso la Contraloría General de Cuentas y el MP, cumplan con su objetivo”, concluyó Roberto Arturo Alvarado Coy, enlace regional de esta organización no lucrativa que tiene presencia en nueve municipios de tres departamentos del país.
