De los 202 municipios que enviaron listados, 84 aún no reciben el pago. Eso y otras inconsistencias encontradas por la PDH.
Por Claudia Palma
El Bono de Apoyo al Comercio Popular dirigido a vendedores informales fue uno de los primeros programas para paliar la crisis originada por el cierre de mercados debido a la pandemia. A la fecha, 202 municipalidades recibieron el pago de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Están pendientes de recibirlo en 84 municipios
Las otras 54 comunas no enviaron los listados, según datos proporcionados por la Unidad de Comunicación Social del Mides. El 8 de septiembre, el titular de la cartera, Raúl Romero, aseveró que el programa había sido cumplido en su totalidad y en el Sistema de Gestión (Siges) aparecen como ejecutados el 100 por ciento.
“Otro programa que tuvimos a nuestro cargo, el Bono de la Economía Popular, fue del 100 por ciento”, indicó Romero al asegurar que la ejecución de su cartera supera el 90 por ciento. El 9 de septiembre, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Mides ha ejecutado un 64 por ciento de los fondos totales asignados a su presupuesto de este año. Para el 16 de septiembre había alcanzado una ejecución del 77 por ciento.
Sin embargo, hay inconsistencias en los datos, según verificó la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Las inconsistencias
El 23 de julio de 2020 el titular de la cartera en una citación con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que los beneficiarios son 100 mil a quienes comenzó a entregarse un aporte de Q1,000. Es decir, Q100 millones a cargo del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).
A requerimiento de la bancada, el Mides entregó de forma parcial del listado de beneficiarios solamente con el nombre y el número de DPI, sin especificar a cuál municipio pertenecen, indicó el diputado Carlos Barreda.
Un cruce de información de distintas bases de datos, de 4,424 beneficiarios estableció que se pagaron Q 1,338 millones a servidores públicos, contratistas y empleados municipales.
Entre los beneficiarios hay 21 fallecidos, 123 empleados del gobierno central y 304 empleados municipales. “Están pendientes los cruces de información con la SAT y el IGSS entre otras instituciones”, dijo Barreda.
La PDH también verificó la entrega de estos recursos, entre sus conclusiones apunta “inconsistencias en los datos y falta de certeza en los registros”. Indica que solo el 41 por ciento de los 100 mil que esperaban beneficiar había recibido esta ayuda.
“El mayor reto que se ha tenido con los programas sociales en Guatemala es que se han politizado, la mayoría de estos se convierten en programas clientelares. No se focalizan los municipios y departamentos en donde hay más pobreza y desnutrición”, opina la analista Celia Luna Aguilera. No se cumple el objetivo de aliviar la necesidad de quienes pasan por una mala situación porque quedaron desempleados.
Recordó que el ministerio cuenta con un censo de beneficiarios, “se esperaría que se contara con esa información y que de igual forma cuando en el Renap se reporta un deceso, el Mides tuviera la capacidad de depurar esas listas”, agregó.
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