Solo el alcalde y la secretaria firmaban en la anterior corporación, ambos continúan en la comuna. Las decisiones tomadas podrían ser inválidas a falta de las firmas de todos los asistentes.
Por Carmen Hernández
De julio a noviembre de 2019, las actas de las sesiones del concejo municipal de la cabecera de Totonicapán están firmadas por el alcalde, Luis Herrera, reelecto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y la entonces secretaria, Fabiola López, que también continúa en esta administración. Y nada más, aunque los documentos deben estar avalados por los integrantes de las reuniones ordinarias y extraordinarias, como lo regula el Código Municipal.
A través de la oficina de acceso a la información se obtuvieron copia de los documentos donde consta que no están signadas.
Para el jurista Carlos Martínez, “si falta una sola de las firmas en las actas no se puede realizar una sola de las acciones y compromisos a los que se llegaron. Pero lo más delicado es que si se redacta el acta y se coloca en ellas que al finalizar firmaron y no lo hicieron, se puede pedir la nulidad de las mismas, incluso una falsedad”, explicó.
Solo algunas actas sí están firmadas por los integrantes del concejo municipal, y en documento agregan un “testado”, es decir tachan la palabra “firman” y solo aparece la rúbrica del alcalde y la secretaria.
Martínez insiste que esas actas tienen irregularidades, “en todo caso pueden ser subsanadas, pero se falta a la fe pública como funcionarios al decir que están firmando y no lo hacen. Si dice testado y omítase entonces cómo puede subsistir un acta ratificada, pero no firmada. Esa acta es nula” explica.
Por su parte, el alcalde Luis Herrera asegura que está facultado por el concejo municipal y pueden firmar solo el alcalde y el secretario. El jefe edil cita el artículo 41 del Código Municipal.
Lo respalda también Miguel Ovalle, de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). “No necesariamente firman los miembros del concejo municipal, son opcionales” aseguró.
A decir de Ignacio Sánchez, politólogo y constitucionalista, dijo que existe un vacío en la ley para entender el tema, pues los funcionarios hacen lo que les conviene, pero lo correcto es que todos firmen. Además, estarían cayendo en arbitrariedades ante la Contraloría General de Cuentas, ya que todas las resoluciones tomadas desde esa fecha no tendrían vigencia. Tampoco tendrían un control sobre el pago de dietas, dice.
Uno de los anteriores concejales de oposición, Alan Ixchajchal, presentó memoriales para que se firmen los documentos: por acceso a la información y en las reuniones ordinarias de manera verbal, pero nunca tuvo respuesta. “Quería leer las actas para ver si no hay alguna inserción de declaraciones para no incurrir en un delito penal que afecte a todo el concejo municipal”, explicó.
Añadió que no tuvo respuesta argumentado que hay un criterio de CGC que da por hecho de firma asistencia es suficiente para validar las actas.
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