El anterior alcalde de Pastores no se fue de la comuna, su sucesor lo contrató

El ex jefe edil y tres miembros de la corporación municipal 2016-2020 ocupan nuevos cargos en la municipalidad. Un concejal de oposición denunció sus nombramientos por considerarlos ilegales.

Miguel Antonio López Barahona, exalcalde de Pastores, en una audiencia por el proceso penal que se sigue en su contra. FOTO: Facebook Sistema Informativo de Noticias.

 

Por José Pablo del Águila

 

Miguel Antonio López Barahona no pudo optar por su quinto mandato como alcalde de Pastores, Sacatepéquez, las pasadas elecciones. Un proceso penal en su contra impidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inscribiera como candidato, pero esto no le ha afectado: desde febrero funge como “asesor” de la alcaldía, con una remuneración de Q14 mil mensuales.

A cinco días de los comicios de 2019 el Registro de Ciudadanos del TSE revocó su inscripción al percatarse de que estaba ligado a proceso por el delito de falsedad ideológica. Según el Ministerio Público, incorporó datos falsos a una escritura pública con la que legalizó a favor de la comuna un centro turístico.

López Barahona participó por el Movimiento de Unidad Pastorense (MUP). Este comité cívico ha ganado siete elecciones en Pastores desde 1986. Al quedar fuera de la contienda, asumió su concejal I, Hugo Leonel Mendoza Reyes, quien adelantó el 15 de enero, en la toma de posesión, que su predecesor podría asumir como “asesor”.

Esto se materializó un día después, cuando López Barahona suscribió un contrato en calidad de licenciado en ciencias jurídicas y sociales como “asesor en gestión de políticas públicas municipales”. Se acordó pagarle Q161 mil distribuidos en 11 pagos mensuales de Q14 mil y uno de Q7 mil. Esta remuneración es mayor al salario base que tenía como alcalde que era de Q10 mil.  El contrato se puede consultar aquí.

Junto con el exalcalde también fueron contratados en enero los dos síndicos y el concejal II de la concejo municipal anterior: Jeovani Catavi Valle, Carlos Ernesto Arriaza y Hector Antonio García Cay en la Oficina de Servicios Públicos Municipales. Todos ellos también del MUP.

García Cay y Cataví Valle son coordinadores en dicha unidad, mientras que Arriaza es supervisor. Sus salarios son de Q4 mil 438.08.

 

 

Nombramientos opacos

 

Jany Gualberto Cataví, concejal tercero de la municipalidad por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denuncia que estos nombramientos atienden a favores y preferencias políticas del actual alcalde con su predecesor y con miembros de la corporación edil anterior. Cuestiona que se contrata a López Barahona, cuando éste tiene problemas judiciales.

Además, afirma que las contrataciones se hicieron sin seguir los requisitos de ley, ya que nunca se les consultó a los integrantes del concejo. Y cuando ellos piden que se rinda cuentas, el jefe edil Hugo Leonel Mendoza Reyes les niega información pues aduce que no son de fiar. Por esta razón interpuso una denuncia en el Ministerio Público que está en investigación.

Ojoconmipisto intentó consultar a Mendoza Reyes. En una ocasión contestó que estaba ocupado y luego no atendió llamadas ni mensajes.

También se llamó a la Oficina de Servicios Públicos Municipales. Quien contestó fue Arriaza, supervisor de servicios públicos, aseguró que su contratación se debe a la necesidad de personal que había en esa área para atender a los vecinos.

“En mi caso tengo bajo mi cargo el servicio de agua potable, drenajes y el cementerio. Son servicios indispensables”.

Arriaza cuenta que  verifica el estado de drenajes, hace reportes y, en los últimos días, ha supervisado que los sepelios cumplan con las regulaciones del ministerio de Salud para que no haya aglomeraciones.

 

Conflicto ético

 

Jorge Mario Andrino, abogado y autor del libro Ética en la función pública, dijo que es común que se utilicen contrataciones temporales para favores políticos ya que estas no requieren que la persona que prestará el servicio demuestre tener un finiquito u otro requisito.

Las municipalidades, explicó, suelen realizar estos nombramientos discrecionales y se escudan en la autonomía municipal. Sin embargo, esta debe ser entendida como el derecho a gobernarse sin interferencia de otros organismos. No como un cheque en blanco para no cumplir con la ley.

“La contratación de cualquier servició público debiese ser transparente y la municipalidad debe responder a sus vecinos con contrataciones de calidad de personas que no estén cuestionadas por su función como servidores públicos”, puntualizó Andrino.

 

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También puedes ver este video que te explica cómo puedes fiscalizar a tu alcalde.

 

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