El Ministerio Público (MP) acusa al jefe edil de realizar un proyecto de captación de agua potable en una propiedad privada de la aldea Cachil, Salamá. Él busca reelegirse y ya está inscrito.
Por José Pablo del Águila
Leonidas Tejeda Marroquín lleva tres períodos consecutivos en la municipalidad de Salamá, Baja Verapaz, uno como concejal (2008–2012) con el Partido Patriota (PP), y dos como alcalde; su primer período con el PP (2012–2016) y el segundo con el comité cívico Yo Amo a Salamá (2016 a la fecha). En esta contienda se postula con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El 27 de marzo pasado, un Juzgado de Primera Instancia Penal de Salamá lo ligó a proceso por los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, informó el vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza.
El Ministerio Público (MP) acusa al jefe edil de realizar un proyecto de rehabilitación de plantas de agua potable por Q22 millones 612 mil 36.43, en una propiedad privada en la aldea Cachil. Por ello, el alcalde tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, goza de medida sustitutiva (pagó Q250 mil). Los días 1 y 15 de cada mes debe firmar asistencia en un juzgado de paz.
Este caso se hizo público hace dos semanas porque la fiscal nacional del partido Semilla, Ligia Hernández, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo verificara. “Lo delicado es que a estas alturas esta persona, con su credencial en mano, ya tiene inmunidad”, dice. Critica que el TSE haya aceptado la candidatura de alguien con un proceso penal abierto.
¿Qué dice la UNE?
Un miembro de la UNE que no está autorizado para dar declaraciones, pero que conoce el caso, ofreció detalles. Explicó que a finales del siglo XIX cedieron al municipio unos terrenos para construir tanques de captación de agua.
En los setenta lotificaron la finca y se la vendió a distintas personas. Establecieron un “derecho de paso” sobre algunos puntos de los terrenos para la construcción de tanques que abastecen de agua a los pobladores del municipio. Ojoconmipisto intentó comunicarse con el alcalde, pero no respondió las llamadas a su celular.
La propiedad de los terrenos se dilucida en el Registro de Información Catastral y Registro de la Propiedad, dijo el entrevistado.
Más problemas
La Fiscalía contra la Corrupción investiga una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra el jefe edil: La Municipalidad contrató servicios técnicos por Q135 mil en marzo de 2014 a José Alberto Ruiz, pero las facturas de respaldo estaban vencidas.
Según la CGC en 2014 se realizaron transferencias presupuestarias por Q177 mil 727 a un proyecto de construcción del salón comunal. De una parte del dinero transferido se desconocía su destino, esto desfinanció la construcción del salón comunal.
Esta denuncia continúa en investigación.
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