Alcaldes de cinco municipios de los más golpeados por Eta, describen la situación y los daños ahora que los niveles del agua comienzan a descender.
Por Claudia Palma
Cuando las lluvias cesaron en Santa María Nebaj, Quiché, un grupo partió hacia la aldea Palop en una travesía de diez horas, cinco de ida y cinco de regreso, para llevar víveres. La noticia con la que regresaron fue inquietante y dolorosa: “la gente empieza a enfermarse de diarrea porque están tomando agua de los charcos”, contaron autoridades municipales.
A la falta de fondos deben priorizar, elegir entre reconstruir los sistemas de agua potable y alcantarillado o recuperar las vías de acceso hacia las 40 comunidades que siguen incomunicadas debido al paso de la tormenta Eta. “Recibimos más de 1,500 raciones de alimentos, pero ¿cómo hacerlo llegar sin carretera?”, se pregunta el alcalde Virgilio Bernal.
Su preocupación es compartida por el jefe edil de Cunén, Pedro Alejandro Pu Canto. La comuna que dirige contrató cinco maquina para despejar los caminos vecinales. El censo, que aún no ha terminado, les anticipa que hay 2 mil 500 familias afectadas. La destrucción de las viviendas es tal que inventaron un sistema de semáforo para identificar con rojo, las que están destruidas por completo; amarillo, las que tienen daños moderados y verde las leves.
Al norte de Quiché, en Uspantán, el alcalde Víctor Hugo Figueroa Pérez reacomoda una y otra vez el presupuesto para dar respuesta a 200 familias que perdieron sus casas y otras 2 mil que necesitan techo mínimo (láminas y madera).
“Las carreteras se convirtieron en ríos”, describe Figueroa Pérez. Hay incomunicadas 98 comunidades, 15 puentes y 200 kilómetros de balastro que se perdieron.
La alcaldía readecuó el presupuesto con Q500 mil para ofrecer una primera pronta respuesta. “Si la municipalidad se encarga directamente del balastro de un kilómetro, el costo es de Q15 mil. Con el equipo que tenemos no somos capaces de arreglar 200 kilómetros. Si el trabajo se encarga al ministerio de Comunicaciones aumenta a Q30 mil, pues hay que darle hospedaje, alimentación al convoy, además del combustible, llantas, repuestos de la maquinaria. Y si se contrata a una empresa el precio puede llegar hasta Q50 mil”, hace cuentas el jefe edil.
En el albergue comunitario de la aldea Laguna Danta, permanecen 25 familias de la aldea Laj Chimel, en donde nació la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. “Solo hay un caso positivo de COVID-19 y dos con cuarentena domiciliar en el municipio, es lo más bajo que hemos estado durante toda la pandemia. Si esto nos hubiera ocurrido cuando los contagios estaban en su grado máximo creo que hubiera sido una doble tragedia”, agrega Figueroa Pérez.
Peligro de una pandemia y sin agua
Para el alcalde de Cuilco, Huehuetenango, Manrique Obel Gálvez De León, las 1 mil 500 personas que permanecen en los seis albergues sí son un foco de preocupación, pues el municipio se encuentra en color rojo debido a los contagios de COVID-19. “Les dimos mascarillas, pero no podemos garantizar el distanciamiento social, no tenemos donde más ubicarlos; el alcohol en gel y el jabón desinfectante empezará a escasear dentro de poco”.
Allí, la destrucción de las viviendas fue mayor y el jefe edil lleva contabilizados 27 mil 500 techos mínimos. Con maquinaria contratada por la municipalidad comenzaron a despejar 200 kilómetros de caminos vecinales.
La alcaldía de San Pedro Soloma, Huehuetenango, invirtió Q2.5 millones en balastrar 150 kilómetros de los cuales se perdió el 80 por ciento, según cálculos preliminares. Siete comunidades aún permanecen incomunicadas a las que solo es posible llegar por aire. “Solo tenía Q4 millones para ejecutar que invertiré en la emergencia y ya no tengo de dónde echar mano”, dice el jefe edil Felipe Domingo Bacilio Pedro.
“Esto fue más devastador que el Mitch, el daño que se tiene en infraestructura fue mayor”, compara Óscar Ernesto Mata, alcalde de Río Hondo, Zacapa. En ese municipio los informes preliminares dan cuenta de la destrucción de cuatro puentes fijos y otros cuatro de hamaca y más de 40 kilómetros dañados.
“Hay que hacer evaluación de tanques de captación de agua que quedaron destruidos. Estamos introduciendo agua de forma provisional de algunas quebradas”, agrega Mata.
Luis Linares, experto en temas municipales, coincide en que la situación de las comunas para paliar la tragedia al final del año cuando ya estaban por ejecutarse todos los fondos, es complicada. La austeridad y la priorización de recursos en caminos vecinales y sistemas de agua es el primer paso, sugiere.
Las opciones de financiamiento pueden estar en el Instituto de Fomento Municipal (Infom), los montos de los préstamos que otorga no son demasiado altos. Una segunda opción es acudir a un banco privado para pagarlo con recursos que se les asignen en 2021. “Sin embargo, la reducción del ingresos del Estado del situado constitucional complica la situación para las alcaldías al hacerse de más deudas”, agregó Linares.
Otras soluciones podrían estar en el recorte voluntario de dietas de los consejos municipales a la mitad o no cobrarlas como una señal de austeridad. Una alternativa más podría estar en las contribuciones por mejoras, por ejemplo, para reparar el servicio de agua, la municipalidad puede aportar la mitad de los fondos y los vecinos. La otra, “para este tipo de iniciativas es necesario hacer visibles señales de austeridad”, puntualiza Linares.
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