Congreso quiere una Oficina de Información Pública que sustituya al PDH

El procurador denuncia que la comisión de Transparencia del Congreso no solicitó su opinión y propone un mayor debate.

El diputado José Alejandro de León Maldonado, de Podemos, es el ponente de la iniciativa que busca crear la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP). Foto: Congreso de Guatemala.

 

Por Walfre Ruano

 

La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso acelera el paso para dictaminar favorable la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que crearía la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), la cual  actuaría de manera autónoma. En la propuesta original se mencionaba una secretaría.

El presidente de la sala de trabajo y ponente de la normativa, José Alejandro de León Maldonado, del partido Podemos, convocó para el próximo lunes 9 de noviembre a los legisladores para presentar sus enmiendas previo a firmar el dictamen.

El proyecto contiene 18 artículos, dentro de estos está la creación de la oficina, la cual será un órgano independiente y no estará sujeto al Procurador de Derechos Humanos (PDH). Propone que el ente lo dirija un director y un subdirector electo en el pleno del Congreso de una nómina de cinco aspirantes que seleccione la sala de trabajo. Después de aprobar la ley deberán elaborar un organigrama.

De León Maldonado, el diputado ponente, llegó al Congreso en 2011 con el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en las elecciones de 2015 se postuló con el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y en 2019 ganó por tercera ocasión con la agrupación Podemos de Roberto Arzú.

La entidad tendrá su sede central en la ciudad de Guatemala, pero según el proyecto deberá tener un delegado en cada uno de los departamentos (22) con el objetivo de hacer más eficiente el cumplimiento de la transparencia y fiscalización. Así mismo contará con un presupuesto anual asignado por el ministerio de Finanzas.

En la nueva propuesta aparecen las sanciones: “Quien no cumpla con las recomendaciones vinculantes emitidas por la Oficina tendrá una sanción multa de Q100 mil y por cada día de atraso con una sanción máxima de Q1,500”.

En una reunión el pasado 16 de septiembre, según consta en el acta 18-2020, la titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de Derechos Humanos (Secai), Lilian Sierra, fue citada a la comisión para que respondiera cuál es el trabajo que realiza. Después de una serie de interrogantes, De León preguntó qué recomendaciones podría dar para fortalecer la Secai y si debe de volverse autónoma.

 

Restar fuerza a la PDH

“Ya no puede ser juez y parte”, resumió el diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Hugo Rodríguez, con relación a que la entidad no debe estar sujeta a la oficina del PDH. De acuerdo con el congresista al volverse autónoma tendría mejores herramientas de control de fiscalización y justificó que actualmente a la PDH no le da tiempo de fiscalizar a todos los sujetos obligados.

Para el PDH, Jordán Rodas, el tema merece un mayor debate. Según indicó, hasta este jueves 5 de noviembre le solicitaron una opinión al respecto. “Les dije que me gustaría conocer la iniciativa que por tratarse de un derecho humano y ser la autoridad reguladora era pertinente también escuchar a la sociedad civil”.

Agregó que se necesita que el acceso a la información no esté politizado, por lo que no es necesario crear una secretaría sino  fortalecer a la entidad que está adscrita a la PDH. Actualmente la Secai la integran ocho personas y tiene un presupuesto de Q1.2 millones.

551
sujetos obligados (entidades que recibieron fondos del Estado) fueron supervisados en 2019 por la Secai.

323
denuncias recibió la Secai por incumplimiento en la entrega de información, se abrieron expedientes de prevención y competencia

86,715
solicitudes de información realizada a nivel nacional.

12
diputados integran la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso

 

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