A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente Estados Unidos, hondureños emprenden su camino hacia ese país. Mientras, las municipalidades consideran los riesgos que esto puede traer a sus vecinos.
Por Carmen Maldonado Valle
El 15 de enero, alrededor de 9 mil personas salieron de Honduras hacia Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Entre los países por los que caminan para llegar a su destino se encuentra Guatemala, donde las municipalidades temen disturbios.
Uno de esos municipios es Estanzuela, Zacapa, por donde los caminantes deben pasar antes de cruzar la frontera con México. La alcaldesa, Mirna Vargas, sostiene que hasta el momento los migrantes no han mostrado intenciones de quedarse en el lugar, pero considera que ellos podrían constituir un riesgo ante el contagio de COVID-19.
“Hemos podido observar que no usan la mascarilla a pesar de estar dentro de un grupo grande y tampoco hay muchas posibilidades de que tomen otras medidas de prevención, como el lavado de manos”, asevera Vargas. Añade que “pueden llegar a poner en riesgo la salud de los vecinos porque no se protegen, pero sobre todo es un riesgo para ellos mismos por todo el tiempo que pasan juntos”.
La alcaldesa dice que, aun cuando todo parezca normal en la caravana, la municipalidad ha puesto afiches en las calles por si se encuentra alguna víctima de trata de personas dentro del grupo, ella sepa a dónde llamar.
En Puerto Barrios, Izabal, se encuentra la frontera Corinto. Allí existe una oficina de atención al migrante a la que se pueden acercar los caminantes para pedir asistencia, además de recibir la ayuda de algunos vecinos que les dan agua, comida o cualquier recurso que pueda servirles durante el viaje.
Hugo Sarceño, alcalde de esa localidad, explica que en caravanas anteriores algunos extranjeros se han quedado en el lugar para delinquir, por lo que teme que esto podría repetirse: “No son todos, pero hemos descubierto a algunos robándole a los vecinos. Los expulsamos y siguen su camino, pero no como todos los demás porque agarran por Petén y de allí a Belice”.
Añade que la municipalidad envía a la policía de tránsito para que trate de mantener el orden en las carreteras por las que pasan. Aun así, Sarceño dice que los vecinos se quejan con los agentes porque toman los frutos de los sembradíos que encuentran a su paso “con la excusa de que es comida, cuando en realidad es mercancía que está en propiedad privada”.
Por otro lado, Noé Guerra, alcalde de Camotán, Chiquimula, sostiene que los migrantes no han causado ningún problema a los ciudadanos y solo se han detenido en tiendas para conseguir suministros, “pero fuera de eso, siguen su camino”.
A criterio de Guerra, su paso ha generado incertidumbre “porque no sabemos si alguno viene contagiado o si se protege de manera adecuadamente”. Explica que han visto a algunos caminar de vuelta a Honduras, por lo que se mantienen en alerta por i ocurre algún percance en el municipio, como lo sucedido en la aldea Vado Hondo, en la cabecera departamental de Chiquimula, donde los migrantes permanecen frente a una barrera de policías y no han podido seguir con su camino.
El alcalde de Chiquimula no atendió las llamadas de Ojoconmipisto, mientras que su oficina de información indicó que daría declaraciones hasta que se calmaran los disturbios de Vado Hondo.
En Usumatlán, Zacapa, esta mañana resultaron heridos dos migrantes hondureños y dos guatemaltecos a raíz de un accidente de tránsito en el kilómetro 113 de la ruta al Atlántico. El alcalde dice que la caravana no ha causado problemas a los habitantes, así que se encuentran dispuestos a asistirlos si lo necesitan.
“Yo he notado que es gente honesta que va con sus hijos en busca de trabajo y una mejor vida, entonces no nos afecta y solo dejamos que sigan su camino”, asevera Andi Pacheco, el jefe edil.
Mientras la situación se resuelve, el grupo de migrantes continúa en Chiquimula. Desde allí se ha devuelto a 992 personas a Honduras, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración.
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