Hay más de 1 mil 600 cementerios activos en Guatemala, pero solo un tercio de ellos puede demostrar que está autorizado. ¿Los demás son clandestinos? Nadie está seguro, ni siquiera el ministerio de Salud.
Por Carmen Maldonado Valle
El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registra 1 mil 610 cementerios en Guatemala. De estos, 1 mil 030 no están autorizados o no se sabe si cuentan con documentos sanitarios, pero de todos modos operan. Hay, además, 13 cementerios que aún tienen las licencias en trámite, pero están abiertos.
Las cifras revelan que hay municipios como Morales, Izabal, o la cabecera de Jutiapa, en los que no existe certeza de que algún cementerio cumpla con los requisitos legales correspondientes. Lo mismo sucede en Sayaxché, San Antonio Ilotenango, Sacapulas, Santa Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas, Champerico, Santa Catarina Ixtahuacán y Jalapa, donde no hay documentos de autorización de ningún cementerio en todo el departamento.
También hay 78 cementerios que Salud sabe que son ilegales. De ellos, 61 se encuentran en Huehuetenango y Quiché, mientras que el resto está en Retalhuleu, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango y Guatemala. Ante esto, Carla Arriola, jefa de información pública de la cartera, explica que “el ministerio de Salud da recomendaciones”, pero no sanciona.
Salud supervisa a los cementerios para asegurarse de que estén autorizados, pero si no lo están queda a discreción de los representantes de la cartera el procedimiento a seguir. Julia Barrera, vocera de la entidad, sostiene que las inspecciones “las realizan de forma periódica las áreas de salud en sus respectivos distritos, pero ya es una dinámica de cada área de salud”.
La información recopilada por el MSPAS incluye a casi todos los departamentos y regiones de Guatemala, a excepción de Petén norte y suroriente, Guatemala Central, Totonicapán, Zacapa y San Marcos. Justificaron que trabajaban en la mitigación de la pandemia y en el control de daños tras las tormentas Iota y Eta, y por ello no enviaron los datos requeridos. “Nosotros lo hemos solicitado por escrito y aquí se les mandó un oficio para que ellos nos manden la información, pero por el momento no nos han dado respuesta”, asevera Arriola.
Por otro lado, hay 567 cementerios de los que sí hay registros sobre su autorización. También hay otros ocho en los que al menos se aproxima cuándo fueron autorizados, con frases como “hace más de 20 años” o “hace más de 100 años”.
Malacatancito, Huehuetenango, es uno de los municipios en los que ningún camposanto está autorizado. Al preguntar a Irma Ávila, la alcaldesa, la razón por la que los cuatro cementerios son ilegales, respondió que no estaba al tanto de ello y tampoco sabía si los sancionaría: “tengo que preguntar eso y a ver cómo lo resolvemos”.
Por otro lado, en San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, hay cinco cementerios no autorizados. El jefe edil de ese municipio, Sebastián García, reconoce que la comuna está al tanto de esta situación, pero no penalizará a los establecimientos: “Esos cementerios son necesarios porque ya casi no tenemos lugar para enterrar, entonces los vamos a dejar abiertos y sin sanción, pero ya les estamos exigiendo que agilicen el proceso para tener todo en regla”.
García afirma que los camposantos se abrieron por iniciativa de los habitantes y fueron ellos quienes donaron sus terrenos para este fin. Añade que a causa de la pandemia dejaron de insistir para que se legalicen, pero ahora que la municipalidad retome con normalidad sus actividades volverán a exigir que lleven a cabo esta tarea.
Los riesgos sanitarios
El artículo 7 del reglamento de cementerios y tratamiento de cadáveres establece que todos los camposantos deben presentar, entre otros requisitos, el diseño inicial de los nichos y “planos de drenajes de aguas negras, su disposición final y en su defecto, el de ubicación y estructura de fosa séptica con capacidad apropiada para el volumen estimado de los servicios correspondientes”.
El mismo cuerpo legal aclara que estos establecimientos solo pueden ubicarse en terrenos secos y ventilados, “con rumbos apartados de los vientos dominantes, que a juicio de la respectiva autoridad sanitaria reúna las necesarias condiciones higiénicas”. Deben guardar, además, un mínimo de 200 metros de distancia entre cada uno de sus lados y cualquier lugar habitacional o urbano.
La infectóloga, Iris Cazali, afirma que el riesgo de no tener certeza respecto a la legalidad de los cementerios radica en que no hay garantía de que estos cumplan con los requisitos higiénicos que establece la legislación guatemalteca para que operen. Agrega que “si están en un lugar inadecuado, podrían dañarse a causa de un deslave o una inundación, y eso puede llevar a que el viento arrastre bacterias hacia otros lugares”.
Además de enterrar cadáveres, los camposantos se encargan de exhumarlos de ser necesario. En ese caso, Cazali asevera que quienes llevan a cabo este proceso deben usar mascarilla y el equipo protector adecuado, pero si no hay certeza de que el lugar en el que trabajan está autorizado, tampoco es posible garantizar la bioseguridad de los empleados.
Por otro lado, advierte que los cementerios clandestinos no necesariamente cuentan con la organización de drenajes adecuada. Si el agua se estanca, podría dar lugar a criaderos de zancudos que posteriormente se traduzcan en el aumento del contagio de dengue, zika o cualquier otra enfermedad transmitida por estos insectos.
“El peligro no está tanto en los cadáveres, sino en la construcción del cementerio”, aclara la médica.
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