Las autoridades denuncian que no se realizó el proceso de transición ni se siguieron los lineamientos que estableció la Contraloría General de Cuentas.
Por José Pablo del Águila
“No entregaron ni un lapicero ni un papel”, comenta Roberto Pop Mo, alcalde de Lanquín, Alta Verapaz, para explicar la situación en que la corporación municipal anterior, dirigida por la exalcaldesa Lilian Irlanda Pop Coy, les entregó la vara edilicia.
Este es el primer período de Pop Mo, electo por el partido Visión Con Valores (Viva), contó que el cambio de mando no se pudo realizar de manera ordenada, no pudieron siguir los lineamientos que establece la Contraloría General de Cuentas (CGC) por negligencia de la anterior corporación edil.
El 15 de enero, cuando debía asumir, la municipalidad no contaba con auditor interno ya que al anterior se le venció el contrato en diciembre de 2019 y no se le renovó.
La participación del profesional era indispensable, según el acuerdo 107-2019 de la CGC, la Unidad de Auditoría Interna debe citar con un plazo mínimo de cinco días hábiles, previo a la toma de posesión al concejo electo y al saliente, para la transición, como determinar el saldo de caja y el arqueo de valores.
Pop aseguró que esto quedó descrito en acta levantada el 15 de enero, esperan que el ente fiscalizador y el Ministerio Público determinen la responsabilidad de las anteriores autoridades municipales.
El secretario municipal indicó que el concejo anterior tampoco gestionó formularios oficiales de la Contraloría sobre los cuales se deben imprimir las actas de sesiones del concejo. A la fecha, el ente fiscalizador no les ha proporcionado las hojas debido a que sus oficinas en Alta Verapaz permanecen cerradas por el estado de calamidad.
Ojoconmipisto llamó a la exalcaldesa Pop Coy para conocer su versión de los hechos y se le envió un correo electrónico, sin embargo al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Puede ser delito
Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), considera que incumplir con el proceso de transición puede constituir un delito administrativo y puede haber implicaciones penales para los responsables.
“Un proceso de transición contempla varios pasos. La primera es la entrega de instrumentos administrativos de control, incluyendo libras de actas y cuentas de la situación financiera. Qué hay en caja, qué compromisos y qué deudas hay. Debe haber claridad, qué procesos se quedan pendientes, si habían proyectos en diseño o ejecución”, explica.
Slowing comenta que estos omisos son graves y, aunque a nivel de gobierno central sucede cada vez menos, en las municipalidades es más recurrente.
También puedes leer: Alcalde de La Antigua bloquea participación de síndicas suplentes
