El alcalde asegura que la telefónica pagará más por poste colocado y cable instalado. Además los primeros podrán ser utilizados por la Empresa Eléctrica Municipal.
Por Isaías Morales
El concejo Municipal de Quetzaltenango, dirigido por Luis Grijalva, fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por ampliar por diez años un contrato de arrendamiento con Comunicaciones Celulares S.A (Tigo).
El alcalde, en su defensa, explica que el acta de 2016 le permite modificar la prórroga y que municipalidad recibirá mayores ingresos porque la telefónica pagará más que lo aportado por otras empresas de cable.
En siete meses
La acción penal fue presentada por José Gerardo Yarsebski Castillo, Hilda Fabiola Ávila Monzón y José Roberto Soto Alcahé, el pasado 19 de julio. Ellos son concejales cuarto, sexto y séptimo de esa comuna, respectivamente, pero votaron en contra de este acuerdo edil.
La denuncia se da por dos razones. Primero, porque el Concejo Municipal aprobó arrendar los postes y espacios públicos, supuestamente sin cumplir todos los requisitos legales. Luego, el alcalde renovó el contrato por un plazo de diez años y no de cuatro.
A su criterio, el concejo (integrado por 12 miembros) pudo incurrir en los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y concusión. Fernando González, jefe de la Unidad de Acceso a Información Pública del Ministerio Público, indicó que este caso es conocido por la Fiscalía de Delitos Administrativos, registrado bajo el número MP001-2017-69579.
Grijalva y ocho miembros de su corporación votaron a favor de ampliar el contrato por un plazo cuatro años, el 31 de octubre de 2016. Luego, el 4 de mayo acordaron extender el plazo por diez años.
Yarsebski, Ávila y Soto se opusieron a esta prórroga hace diez meses y señalaron que la municipalidad no solicitó a la empresa la documentación legal, antes de suscribir el convenio. Los dos primeros llegaron al Concejos con el partido Encuentro por Guatemala, el mismo que llevó a Grijalva, y el tercero con la Unidad Nacional de la Esperanza.
El reglamento municipal que regula el uso de espacios públicos para instalar infraestructura (cableado y postes) de telefonías en la cabecera departamental de Quetzaltenango fue publicado en el Diario de Centroamérica el 24 de diciembre de 2014.
El mismo establece que antes de suscribir estos contratos es necesario tener documentos, como un estudio de impacto ambiental, mapa del área a utilizar y especificar el número de postes que se instalará.
En la sesión de mayo pasado, según el acta 26-2017, Grijalva amplió el plazo hasta 2026 y no para 2020, como acordó en la reunión de octubre pasado.
Los concejales Yarsebsky y Ávila, al ser consultados por Ojoconmipisto, aseguraron que el alcalde no había comunicado previamente que el contrato sería por más años. “Este se renovaba cada cuatro años, pero en ningún momento se acordó en Concejo que sería por diez”, manifestó Yarsebsky. “El contrato no es claro y por eso votamos en contra», agregó Ávila.
Tigo explicó a través de un comunicado enviado a Ojoconmipisto que “ha cumplido con todos los requerimientos legales y administrativos de la municipalidad de Quetzaltenango”.
La empresa de telecomunicaciones añadió que opera en ese departamento desde hace 15 años con telefonía y desde 2012 está autorizado para operar con servicios fijos de internet. “En 2016, se renovó y amplió dicha autorización para prestar servicios de telecomunicaciones en general”, señaló Manuel Sisniega, director de asuntos públicos.
“Utilizaremos 12,000 postes e instalaremos 2,200 más. Estos últimos podrán ser utilizados por la Empresa Eléctrica Municipal para que no incurra en altos costos”, agregó.
Alcalde se defiende
Por su parte, Grijalva respondió vía telefónica que requirió toda la documentación a la compañía y que firmó la prórroga a diez años (y no a cuatro) porque el mismo contrato lo contemplaba. “Es cuestión de interpretación porque en el acta (número 289-2016), en el segundo punto, menciona facultar al alcalde para autorizar el arrendamiento por no menos de cuatro años. De esto se basó el Concejo para aprobar la prórroga”, aseveró.
El jefe edil asegura que este contrato busca aumentar la recaudación de tributos para el municipio. “Con este contrato la telefónica paga al mes Q20 por cada poste que utiliza, las otras de cable, Q3. Además, cobraremos Q6 por cada metro lineal de cable instalado. Por lo cual veo mala fe en esta denuncia, esto nos trae beneficio porque percibiremos al menos Q5 millones anuales en ingresos por los próximos diez años”.
El funcionario añadió que la compañía donará un dron valorado en Q200 mil para realizar el catastro del municipio y Q150 mil en pintura para remozar la infraestructura del Centro Histórico.
La Contraloría General de Cuentas, por su cuenta, “aún no verifica este contrato para determinar si existe o no alguna irregularidad, ya que este fue firmado en 2017”. Según la directora de Auditoría a Municipalidades, Alma Raquel Villeda, esta fiscalización se realizará el próximo año, a excepción de que alguna institución, como el Ministerio Público o la ciudanía, lo solicite.
