La razón proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral es que incurrieron en campaña electoral anticipada. La convocatoria está prevista para enero 2019.
Por Leidy Velásquez
A pocos meses de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lance la convocatoria para las elecciones generales 2019, tres personas han sido inhabilitadas para competir por un cargo público por realizar propaganda electoral anticipada. Otras 79 han sido sancionadas y se les ha solicitado que se abstengan de seguir promocionando su imagen.
Los primeros sancionados, según el Registro de Ciudadanos son Manuel de Jesús Delgado, alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez; Víctor Hugo Cifuentes, exalcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz y Moisés Escobar Salazar, quien fue candidato a la alcaldía de Fraijanes, Guatemala en 2015.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, indicó que entre 2017 y 2018, la Inspección General, recibió más de 300 denuncias contra alcaldes, diputados y particulares, posibles candidatos para las próximas elecciones, de las cuales, 82 ya tienen un expediente y el resto aún están siendo analizadas.
“Algunas denuncias reportadas no son campaña anticipada. La ley le permite a las organizaciones políticas realizar proselitismo”, explicó Ramírez.
Setenta y un alcaldes han sido apercibidos y algunos como Ricardo Quiñónez, de la ciudad capital y Neto Bran de Mixco, han interpuesto recursos de apelación, para evitar ser sancionados y varios de los jefes ediles también enfrentan dos expedientes.
La inhabilitación de políticos para participar en las próximas elecciones es parte de las nuevas sanciones a las que puede recurrir el TSE. El artículo 94 bis contempla que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política…”
A criterio de Wolfang Ochaeta, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, estas sanciones son “como las primeras aventuras que tienen estas aguas” al referirse a las reformas a la ley electoral y reitera que la actual legislación es clara en qué es propaganda y qué es campaña anticipada.
“Teníamos la lección de la campaña anticipada que prácticamente era abismal y de alguna manera saturada, y lo que menos veíamos era propuesta política, sino que simplemente campaña como tal”. En el tema de las apelaciones, Ochaeta señala que servirán para conocer cómo va a funcionar el “derecho administrativo electoral”.
El experto, también opina que con las reformas electorales existe un respeto bastante amplió a la LEPP y por ello, “los partidos y actores políticos están un poco a la sombra“, para evitar ser sancionados.
Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
