Tratar aguas servidas y desechos sólidos, las brasas de los próximos cuatro años en las munis

En el país funcionan 175 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales; otras 100 están en fase de construcción y 65 comunas no dan señales de contar con la suya.

En algunos municipios colocaron biobardas en sus ríos para atrapar desechos sólidos, pero esto no evita la contaminación de los afluentes. Foto: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

 

Por Oscar de León 

 

De los 24 municipios que conforman el departamento de Quetzaltenango once presentaron estudios ambientales para construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Y solo dos comunas se ocupan de tratar sus desechos sólidos, una es Cantel y la otra es Sibilia.

El acuerdo gubernativo 236-2006 ordena a las municipalidades construir como mínimo dos plantas de tratamiento antes de noviembre del año en curso. Las comunas que no cumplan tendrán sanciones administrativas y denuncias penales, indicó Ottoniel Barrios, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De los 340 municipios solo 175 cuentan con este requisito, 100 están en construcción y el resto, 65, aún no cumplen, agregó.

Con el tema de los desechos sólidos el atraso es mayor, todavía utiliza sus vertederos municipales, y  pocos han solicitado el cierre técnico a dicha práctica. Cantel es de esos pocos que trata en un 60 por ciento su basura.

En los próximos cuatro años siete de cada 10 alcaldes electos serán nuevos. Una de esas nuevas autoridades será Mayra Altán, de Flores, Petén. Le preocupa, dice, el daño que el ser humano hace al medio ambiente.

“En todo mi departamento no le damos el tratamiento adecuado, estamos perdiendo el lago Petén Itzá. Al asumir el cargo en enero próximo, le pondremos atención a nuestro medio ambiente, fortaleciendo la mancomunidad para proteger del lago”. Los municipios alrededor de ese cuerpo de agua son Flores, San Benito, San José y San Andrés.

El 25 de agosto, alcaldes electos se reunieron en Salcajá, Quetzaltenango, para conocer la gestión del municipio anfitrión en materia de accesibilidad universal a personas con discapacidad. Entre otros temas abordaron la construcción de plantas de tratamiento.

Hace 13 años de la aprobación del acuerdo gubernativo 236-2006 que no termina de cumplirse, desde su creación se solicitan prórrogas por parte de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Y es que el costo de tratar las aguas negras es caro, se quejan. “Pero más caro es el daño al medio ambiente si no se toman las medidas correctivas”, indicó Barrios, viceministro del MARN.

 

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