Grupo de vecinos afectados ha interpretado esta acción legal como desalojo.
Por Teodoro González
El 10 de agosto de 2017, 19 vecinos del municipio de Camotán, Chiquimula fueron notificados por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil del Tribunal de Amparo que la inscripción de sus fincas, efectuadas entre 1965 y 1991, fue cancelada por el Registro General de la Propiedad de zona norte.
Ello en respuesta a un amparo presentado el 12 de octubre anterior por Pedro Pérez y Valerio León, representantes de las comunidades indígenas de Tachoche y Tizamarte de Camotán.
Las 19 desmembraciones realizadas están en el área urbana de Camotán. La finca matriz 2345 de donde se originaron las 19 propiedades dista a 28 kilómetros lineales de las comunidades indígenas y, por tanto, según argumentan quienes se oponen a esta medida, no existen coincidencias cuando se coteja el plano de ubicación con las coordenadas geográficas de las mismas.
El 14 de agosto 2017 alrededor de 400 personas se concentraron en el parque central de Camotán en apoyo a las 19 familias afectadas para solicitarle al alcalde municipal, Guillermo Guerra, declarar “non grata” a la organización Comundich coordinada por José Rodimiro Lantán, que ha asesorado en la defensa de los recursos naturales y restitución de las tierras a las comunidades indígenas del área ch’orti’.
El conflicto con la finca 2345 data de 1982. “Ese año, el alcalde Iván Nova la otorgó en garantía a la Corporación Financiera Nacional (Corfina) para obtener un préstamo de Q2 millones 669 mil 330 destinado a un proyecto de reforestación”, indicó Elisa García, comunicadora social de Comundich. “Pero esta finca no es propiedad municipal”, agregó.
La financiera reclama hoy una deuda superior a Q39 millones “ya que se adeudan los intereses que se acumularon de 1982 a 2012”, indicó Víctor Manuel Rodríguez, representante de Corfina.
Pero, por otra parte, cuando Comundich verificó el estatus actual de la finca en conflicto, confirmó que las desmembraciones posteriores se adjudicaron a personas que viven en el casco urbano de Camotán con la autorización de la municipalidad. Lantán indicó que, al conocerse esta situación, las comunidades indígenas solicitaron el amparo para anular lo efectuado y
En la reunión del 14 de agosto, el alcalde Guerra pidió a los vecinos no alarmarse por lo que pasaba con las fincas y ofreció apoyo de abogados municipales. Allan Peralta Juez de Asuntos Municipales de Camotán informó que su despacho ha recibido más de 35 expedientes para entablar procesos de titulación supletoria los cuales serán presentados al Registro de la Propiedad cuando la Sala emita la sentencia final de este litigio.
Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo y Desigualdades” impartido por Laboratorio de Medios, S.A., a comunicadores de varios departamentos de Guatemala con financiamiento de Oxfam y la Inter-American Foundation (IAF.) El contenido es exclusiva responsabilidad de su autor.
