El impase de la inscripción de la planilla del alcalde de Cobán, Alta Verapaz, trae a discusión la pregunta. Pero no es el único con ese inconveniente para participar en las elecciones.
Por José Pablo del Águila
Los contratistas del Estado no pueden ser candidatos a cargos públicos porque lo prohíbe la ley. ¿Pero qué pasa cuando no hay un consenso sobre qué es ser contratista? Surgen los problemas, señalan analistas.
El Registro de Ciudadanos (RC) rechazó la inscripción de dos síndicos y cuatro concejales de la planilla que postuló Prosperidad Ciudadana en Cobán, Alta Verapaz. El motivo: ser contratistas del Estado. El mismo principio aplicaron a la planilla del actual alcalde de Sololá, Pedro Iboy, del comité cívico Sololá Unidos por el Desarrollo (SUD).
Los contratos de los candidatos son compras de baja cuantía por servicios profesionales y no servicios públicos que prestaron al Estado, dijo Marvin Córdoba, Secretario Departamental de Alta Verapaz de Prosperidad Ciudadana. La agrupación política presentó recursos de nulidad para que se inscriba a sus candidatos.
¿Son o no contratistas?
El rechazo de estas candidaturas demuestra que no existe un consenso entre expertos y el TSE, sobre quién puede ser catalogado como contratista.
Para Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, contratistas son aquellas personas que ejecutaron una obra o un servicio público desde la iniciativa privada.
Ortiz dice que, de forma errónea, el Registro de Ciudadanos ha asumido que cualquiera que tiene una vinculación «patrimonial» con el Estado es contratista.
«El Estado puede pagar honorarios a una persona y eso no necesariamente la configura como contratista», explica.
Pero Stephanie Rodríguez, analista independiente, tiene un criterio distinto. Comenta que cualquiera que se haya beneficiado con recursos del Estado a través de contratos tiene impedimento en ley.
Afirma que la ley debe interpretarse de acuerdo al contexto que se vive y el TSE debe tomar en cuenta los múltiples casos de corrupción que involucran a contratistas de 2015 a la fecha.
En algo sí coinciden los expertos, y es en que el TSE debe publicar un lineamiento sobre qué criterio se aplicará para determinar qué es ser contratista para evitar incertidumbre.
El Registro de Ciudadanos también negó la inscripción de Alma Erminda Chávez Orozco, candidata a concejal 3 de San Marcos por Todos. Los contratos que obtuvo suman Q3 mil 70 por «brindar alimentación para la Asociación Nacional de Cruz Roja Guatemalteca».
Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, no pudo ser consultado sobre el tema pues no participó en una conferencia de prensa planificada para este miércoles 1 de mayo. Tampoco respondió llamadas.
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