De los 106 mil 443 ciudadanos empadronados en esta ciudad, 75 son personas con discapacidad y los centros deben responder a sus necesidades.
Por María Cabrera
Después de ser juramentadas, las Juntas Electorales Municipales (JEM) de Quetzaltenango organizan la logística para que los ciudadanos acudan a las urnas y una de sus tareas es coordinar los centros de votación se utilizarán.
En esta parte, la JEM se ha encargado de visitar los establecimientos educativos y otros edificios que se usarán, para verificar que cada uno cumpla con requisitos de espacio y facilidad de movilidad dentro de cada uno, explicó Jorge Luis Rubo, su secretario.
Pero el reto ahora es verificar que el acceso en los edificios sea sencillo para las personas que padecen algún tipo de discapacidad física, visual o auditiva y que no represente riesgo para ninguno de los electores asignados a cada lugar.
“Tenemos muchas escuelas en la ciudad que no tienen rampa para sillas de ruedas. Por ejemplo hay una en el área de El Calvario que nos habría gustado tenerla como centro de votación pero tiene gradas muy altas y no cualquier persona podría entrar con facilidad”, señaló Raúl Muñoz, presidente de la JEM quetzalteca.
Los votantes no videntes utilizarán boletas con lenguaje Braille que serán enviadas a cada centro de votación, pero para personas con deficiencias auditivas aún no hay intérpretes en el municipio que puedan ayudar.
“No contamos con nadie todavía, pero vamos a hablar con el Comité de Prociegos para ver si pueden apoyarnos a buscar personas para estar en cada centro de votación”, acotó Muñoz.
La otra opción que plantea la JEM, es aceptar la ayuda de voluntarios que sepan lenguaje de señas. Para esto los interesados deberán presentarse ante la Junta Electoral Departamental en su sede, en la 14 avenida y 5ta. Calle, zona 3.
Observación y formación
Además de la revisión de los centros de votación, la Comisión Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi) también se ha encargado de promover la capacitación de 60 personas en el país que serán observadores electorales en varios departamentos.
“Ellos se encargarán de velar porque exista ayuda para las personas con discapacidad, para esto se firmó un convenio con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), que se han encargado de apoyarnos con la capacitación a los observadores”, manifestó Patricia Fuentes, delegada del Conadi en Quetzaltenango.
Pero antes de la firma del convenio, se organizaron actividades para preparar a los electores con discapacidad. En Xela una de estas fue un simulacro en el que 50 participantes fueron instruidos sobre cómo emitir su voto y los derechos que tienen como ciudadanos.
“Todos los guatemaltecos estamos llamados a asistir a las urnas, es un derecho y deber ciudadano, por eso buscamos la integración de todas las personas sin importar su condición”, agregó Fuentes.
Josué Omar García, tiene una deficiencia auditiva leve desde pequeño, algo que lo motivó a aprender lenguaje de señas y acercarse a la escuela para niños sordos Elisa Molina de Stahl, donde se instruyó y luego participó como voluntario. Este año espera poderse incluir en el equipo que ayudará a los votantes sordos.
“Creo que aún falta mucho por hacer para que seamos una sociedad incluyente no solo en lo social y laboral, sino que en las decisiones de país. Si se habla de igualdad ante la ley entonces todos debemos ser tomados en cuenta sin exclusión”, exhortó.
«Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
