La alcaldía pagó Q17 millones por el mercado hace 15 años, para 2024 habrá pagado Q64 millones.
Por Oswaldo Ical
Los cimientos de lo que sería el mercado municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché es utilizado como predio y taller mecánico de vehículos oficiales. Algunos indigentes también aprovechan el espacio para pernoctar. Hace 15 años, la municipalidad pagó Q17 millones por esta obra que al final no se terminó.
La construcción se detuvo pero los intereses del préstamo no y la deuda para 2024 será de Q64 millones, equivalente al presupuesto 2017 de ese municipio.
La historia que explica este negocio involucra a una organización no gubernamental (ONG), constructoras y reportes de avances supuestamente falsos. El incumplimiento del trabajo obligó al alcalde a denunciar a casi todos los involucrados en la trama.
El caso tiene 13 años en los archivos del Ministerio Público, pero la investigación al igual que la obra no avanza.
Un mercado de lujo
Playa Grande Ixcán es un municipio de Quiché, ubicado en la frontera con México y a 376 kilómetros de la ciudad de Guatemala, unas 10 horas en carro. En 2002 su presupuesto anual era de Q5 millones y contaba con 96 mil habitantes.
El alcalde en ese entonces, Marcos Ramírez Vargas, era un agricultor electo por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Él se mantuvo en el cargo hasta 2008.
Ramírez contó que por sugerencia del Consejo Municipal de Desarrollo decidió construir un mercado de dos niveles con parqueo y área verde, una obra como no se había visto antes en un municipio con un índice del 62 por ciento de pobreza y con carreteras que lo mantienen casi incomunicado del resto del país.
El financiamiento de la obra estuvo a cargo del Instituto de Fomento Municipal (Infom) presidido por Juan Francisco Reyes Wyld, hijo del entonces vicepresidente del país. El Infom aprobó un préstamo por Q20 millones y, según el exalcalde, también recomendó a la organización que debería administrar los fondos.
El dinero para el mercado era del Banco Interamericano de Desarrollo y debía pagarse en 126 cuotas a 22 años con una tasa de intererés del 15%. Hasta octubre del 2017, la comuna de Ixcán había pagado de intereses Q28 millones.
La ONG llamada Desarrollo Social (Desos) fue la elegida de tres que buscaban obtener el contrato. Desos creada el 2 de febrero de 2002 era presidida por Juan Carlos Trejo Sandoval. En esos años la ley de Contrataciones del Estado permitía que se contrataran ONG para administrar fondos públicos y subcontratar empresas. Esto se modificó en 2015 debido a que el mecanismo era aprovechado por funcionarios que creaban o tenían vínculos con estas organizaciones. Ahora solo el Ministerio de Salud puede utilizarlas en casos específicos.
Desos firmó el contrato con la municipalidad cuatro meses después de su constitución y según el convenio recibiría el 4.5 por ciento de los Q20 millones como pago por administrar los fondos.
La municipalidad recibió cuatro desembolsos: dos de Q5 millones, otro de Q4 millones y un último de Q3 millones, todo este dinero fue entregado a Desos, según los registros de pago que Ojoconmipisto tuvo a la vista.
Desos contrató a la constructora Fernández Bonatti y Compañía (nombre comercial Inarq Asociados) y a Asesoría, Diseño y Construcción (Adico), representadas por Jorge Fernando López y Jorge Mario Fernández Molina respectivamente. Ambas estaban registradas en la misma dirección, 17 calle 11-49A zona 10 de la ciudad.
Las empresas intentaron cambiar el diseño del mercado en las áreas verdes y de parqueos, pero el Concejo no aceptó así que abandonaron los trabajos a pesar de que les pagaron Q10.7 millones.
Por esta causa, el alcalde solicitó a Desos ejecutar el dinero de la fianza, pero según Ramírez Vargas, no fue posible. Así que, Trejo contrató a una tercer constructora, Guatepozos, S.A., para concluir el mercado y les ofreció Q12 millones de los cuales les pagó Q4.6 millones.
Guatepozos representada por José Manuel Cincunegui Sifontes también quiso modificar el diseño. La empresa consideraba que el edificio no tendría que llevar balcones en ninguno de los dos niveles, los cambios tampoco fueron aceptados y también se retiraron.
Mientras tanto, el Infom nombró a Mario Alfredo García Escobar como supervisor de la obra. Cuando el exalcalde pidió informes sobre los avances físicos, estos reportaban un progreso supuestamente acorde a los pagos realizados a las constructoras.
Al final la municipalidad desembolsó Q17 millones de los Q20 asignados, pero el avance físico quedó en 30 por ciento. Dos años después de la adjudicación y ya con la construcción detenida, en 2004, el alcalde denunció en el Ministerio Público a Desos, a las tres constructoras, a las aseguradoras y al supervisor.
“Todo es una línea de corrupción, que se investigue a Ríos Montt, a Juan Francisco Reyes López y a su hijo Juan Francisco Reyes Wyld que era el presidente de la junta directiva del Infom en ese tiempo” dijo el exalcalde.
Los denunciados
Ojoconmipisto buscó a los empresarios para conocer su versión de los hechos, pero nadie atendió.
Juan Carlos Trejo Sandoval, el presidente de Desos, respondió una de las llamadas, pero al comentarle sobre el tema negó ser la misma persona. Después vía whatsapp escribió: “Buenas tardes. Sí ya me habló y muy amablemente le comenté que no soy la persona que busca”.
Ricardo Rubio Parra, notario que constituyó Desos, no está entre los mencionados en la denuncia, pero su nombre aparecía en casi todos los documentos legales a los que tuvo acceso este medio. Además, uno de sus empleados era tesorero de Desos por eso se le buscó y él sí atendió a la entrevista en sus oficinas en el bufete Vielman.
Según Rubio, Desos se constituyó a petición de su amigo, Carlos de la Torre Almengol, vicepresidente de la ONG y admitió que también conocía a otros miembros más de la asociación.
“El que trajo el negocio aquí fue Carlos de la Torre a quien conocía desde antes. Yo estuve hasta que se hizo la transacción con esta entidad (que no recordaba el nombre, Guatepozos) y después no supe más que pasó. La denuncia penal ya no la vi porque yo obviamente no veo nada penal”, explicó.
Rubio Parra recordó que la constructora no había cumplido con las especificaciones del contrato y que Desos procedió contra las empresas legalmente. También dijo que sí se hizo un proceso para ejecutar la fianza y que se liquidó parcialmente a la municipalidad.
“Nosotros solicitamos eso (la liquidación), pero no la hicieron y si hicieron algo fue entre ellos, nosotros nunca tuvimos conocimiento” respondió Ramírez Vargas.
Abogados consultados para esta nota dijeron que el caso puede considerarse archivado al cumplir 20 años. Mientras que funcionarios del MP indicaron que aún hay tiempo.
“Cuando es un caso en investigación, no hay plazo, pueden pasar 30 años y podemos seguir investigando. El caso del mercado de Ixcán está bajo investigación, algo falta, por eso no se ha presentado”, respondió Mayra Veliz, secretaria general del MP.
Lo cierto es que tampoco el Infom ni los alcaldes que sucedieron en el puesto a Ramírez Vargas buscaron solución al negocio que le costó millones a los habitantes de Playa Grande Ixcán.
Junta directiva de Desos
Juan Carlos Trejo Sandoval, presidente.
Carlos de la Torre Almengol, vicepresidente de Desos.
Pablo Efraín Pérez Juárez, vicepresidente.
Otto René Parada Ortiz, secretario.
Ervin Roberto Chang Noriega, tesorero, exempleado de Rubio Parra. Según registros públicos es tesorero de Vandelay Industries y Consulting Corp en Panamá, empresa de la que Vandelay Industries y Consulting Corp en Panamá empresa en la que Ricardo Rubio Parra es presidente.
Adriana Avelina Paiz Morales, vocal, trabaja en la institución del Procurador de Derechos Humanos.
Fuente: Ministerio de Gobernación
