Jueza condenó a los hermanos Antonio y Diego Itzep López a cuatro años de prisión conmutables. Oswaldo Ical Jom fue agredido en agosto de 2014.
Por Isaías Morales
La jueza Alma Liseth Herrera, del Tribunal de Sentencia de Santa Cruz (Quiché), condenó a Antonio y Diego Itzep a cuatro años de prisión conmutables, a razón de multas por Q5 cada día por agredir al corresponsal Oswaldo Ical. Es decir que cada uno podría pagar Q7,300.00 y salir en libertad.
Sin embargo, la resolución abre la posibilidad a que un funcionario agreda a un periodista y pague una multa para no guardar prisión. Por esta razón, Ical y sus abogados consideran apelar el fallo. Ellos insisten en que hubo tortura.
Condena tibia
«La actitud de los acusados es reprochable y debe ser castigado conforme a la ley», dijo Herrera en su resolución. El pasado 20 de marzo, la jueza había resuelto no incluir en delito de tortura dentro del caso, pero hoy dejó abierta la posibilidad para que el Ministerio Público presente una acusación por este tema en específico, en un nuevo proceso penal.
Los hermanos Antonio y Diego Itzep eran alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitaria de Desarrollo (Cocode), respectivamente, cuando ocurrieron las agresiones contra Ical, según confirmó, Víctor Hugo Figueroa, exalcalde de la localidad (2012-2016)
El caso se origina por la agresión contra el periodista departamental ocurrida el 29 agosto de 2014. El reportero realizaba la cobertura por un secuestro de una menor en Uspantán, Quiché, cuando dos personas armadas autodenominadas “seguridad comunitaria” lo detuvieron, retuvieron y agredieron bajo amenaza de que confesara ser el secuestrador de la niña, afirmaron las pruebas recabas por el Ministerio Público.
Esteban Celada, abogado del Centro Legal en Derechos Humanos (CALDH) y quien acompañó a Ical como querellante del proceso, ve positiva la resolución emitida porque “es un mensaje de reproche por el atentado que sufrió Oswaldo. Se habla claro sobre el avance en camino hacia la justicia”, indicó.
El letrado también destacó que la jueza reconoció que estos delitos cometidos no solo afectaron al comunicador, “sino al Estado de Derecho porque fue un daño a la Libertad Expresión. Esto permite que esto no quede en impunidad, como ocurrió con el anterior juez quien fue separado del caso por emitir opinión y rechazar incluir el delito de tortura”, agregó.
Vicente Chibalá, abogado defensor de los señalados, dijo que ya conoce la sentencia pero desconoce el contenido de la misma. “Aún no hemos sido notificados por el Tribunal, hasta no tener la resolución en manos no podemos decir algo al respecto. A partir de eso analizaremos si accionaremos”, indicó.
Mal precedente
Por su lado Silvia Villalta, relatora de la Oficina Nacional Contra la Tortura, dijo no estar acuerdo con la resolución judicial. “Nos llama la atención que la jueza no incluyera a los peritos que aportaron pruebas, ya que el Inacif es experto en todas las áreas”, manifestó.
CALDH e Ical propusieron a Lucas Argueta Hernández, experto en temas culturales y justicia ancestral maya; Maricruz Figueroa Portillo, experta internacional en perfiles criminales en materia psicológica; y Silvia Trujillo experta en temas de libertad de expresión.
“A Oswaldo lo obligaron a estar en su contra de voluntad y que diera declaraciones. Además hay otros delitos como abuso de autoridad que podrían aplicarse. Consideramos que la sentencia no se aplicó conforme Derecho”, concluyó Villalta.
Evelyn Blank, directora del Centro Cívitas, coincide con estar en desacuerdo con la sentencia, ya que a su juicio esta no corresponde con la gravedad de los hechos. “Un funcionario puede detenerte, puede lincharte, pagar y salir libremente. En ese sentido es muy negativo el fallo”.
La experta en defensa de la libertad de expresión expresó que los periodistas no pueden hacer nada ante las agresiones, sobre todo en territorios de Guatemala que conllevan un mayor riesgo. “En el sur y el occidente del país la situación es insegura. Son ambientes muy violentos. El Estado debe cumplir con su función de proteger a los comunicadores, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad”, expuso.
Este no es el único caso en que Ical Jom sufrió violencia mientras ejercía su labor de reportero. El 28 de noviembre de 2016 fue agredido por un grupo de hombres que habría respondido a intereses de la actual corporación municipal de Chicamán. Otra agresión ocurrió en las elecciones de 2015. Unos simpatizantes del Partido Patriota aventaron a Ical de su motocicleta en la que se conducía por Chicamán, según documentó Nómada.
