Cinco municipalidades no publicaron la información que requiere la ley.
Isaias Morales
La municipalidad de Guatemala fue la única, de nueve, que publicó la información pública de oficio correspondiente de sus tres fideicomisos, en tanto que Chinautla, Joyabaj, Santa Lucía Cotzumalguapa, Zacapa y San José del Golfo no publicaron ningún dato.
De acuerdo con el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, esta es la primera vez que la institución logra monitorear los 13 fideicomisos. Los datos figuran en el informe presentado esta semana sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados.
Las municipalidades de Escuintla –que tiene dos–, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva, sólo publicaron en su portal un porcentaje de lo solicitado.
Poca transparencia
La municipalidad de Chinaulta creó, durante la administración de Arnoldo Medrano, un fideicomiso con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), en diciembre de 2008 por 25 años. Este fue utilizado por el exalcalde para licitar los proyectos planificados y suscribió siete contratos millonarios con las empresas de cartón con los que tenía vínculos directos.
Arnoldo y los miembros de su concejo permanecen detenidos. Su caso fue presentado por el MP y la CICIG en julio de 2017, y es conocido como Un negocio de familia.
El PDH acordó incrementar la supervisión en este tema para que las municipalidades cumplan con publicar la información pública de oficio y atiendan las solicitudes de información presentadas.
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Resoluciones y denuncias
Durante 2017, la institución del PDH emitió nueve resoluciones contra igual número de municipalidades por presunta violación al derecho a la Información Pública. Entre las señaladas figuran San Juan Sacatepéquez, San Luis (Petén), Cunén, Santa Lucía Reforma, Nuevo Progreso y Santa Cruz Verapaz.
También presentó una denuncia (MP001-2016-81809) ante la Fiscalía Contra la Corrupción contra la municipalidad capitalina. Y cerró los expedientes de las alcaldías de San Rafael las Flores y Escuintla por considerar que no existió un posible delito.
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El ojo que vigila
La Ley de Acceso a la Información Pública otorga al Procurador de los Derechos Humanos la calidad de autoridad reguladora en esta materia, según los artículos 46 y 47 de la LAIP.
Cada año la oficina del Ombudsman recibe, a través de su plataforma en línea, el informe sobre el número y estado de las solicitudes tramitadas por las alcaldías. El 31 de enero es fecha límite para entregarlo.
A partir del reporte, la Secretaría de Acceso a Información (Secai) supervisa las instituciones y difunde los resultados de la fiscalización realizada. En 2017, por primera vez, evaluó a las 340 alcaldías del país.
Encuentre el Informe Anual de Situación del Derecho Humano a la Información Pública del PDH aquí.
