Informe del Procurador de Derechos Humanos también revela que más de la mitad de comunas del país no tienen portales electrónicos.
Por Isaías Morales
De las 340 municipalidades del país, al menos 22 no cuentan con una unidad de información pública y 180 no tiene un portal electrónico. Lo anterior fue revelado por el procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, a través de un informe que evalúa el nivel de cumplimiento de instituciones que manejen fondos estatales.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigencia en Guatemala en 2009. Los resultados son los siguientes: en los últimos cinco años se triplicaron las solicitudes información realizada por la ciudadanía a las instituciones. Los tres Organismos del Estado mejoraron en este tema, asegura el PDH, sin embargo, a nivel municipal no fue así.
Violeta Mazariegos, jefa de la Secretaría de Coordinación de Acceso a información (Secai) del PDH, explicó que existen 13 alcaldías que no entregaron el informe que recaba el número de solicitudes recibidas en el último año.
Por ello, la oficina del ombudsman realizó visitas presenciales para verificar la situación estas instituciones. Esta revisión arrojó en 2016 que, 23 municipalidades no tienen unidad para tramitar solicitudes de información, entre estas figura la municipalidad de Chinautla del departamento de Guatemala que obtuvo cero puntos.
Además, otras 180 no cuentan con un portal para revelar datos de difusión obligatoria, como por ejemplo los sueldos de empleados públicos. LA LAIP establece 29 puntos que deben ser información pública de oficio.
Las municipalidades que sí tienen portal, también fueron evaluadas. Si fuera una clase de la Universidad, probablemente habrían perdido, ya que 194 obtuvieron una puntuación menor a 60 puntos, según el monitoreo realizado. La mejor evaluada fue la de Jocotenango con 100 puntos, Guatemala alcanzó 97.
De León Duque considera que “persiste la cultura del secretismo, a pesar de la reducción de la brecha tecnológica de los últimos años y la creciente demanda ciudadana por una gestión pública más proba y transparente”
Edie Cux, asesor legal de Acción Ciudadana y que ha acompañado denuncias por retención de información, existe aún un nivel muy bajo de cumplimiento de acceso a información de las instituciones. “Es mucho más difícil para las personas que requieren información específica, porque ahí se dan muchas trabas dentro del proceso, por lo cual se generan las denuncias en contra de las instituciones”
Mazariegos y De León ven con buenos ojos que el Congreso fiscalice y denuncie a los funcionarios para que cumplan con el acceso a información pública. La semana pasada la diputada Karina Paz denunció a cuatro alcaldes por supuesta retención de información y anunció otros monitoreos por departamento para revisar el cumplimiento de las autoridades locales con esta normativa.
