El Codede de Quetzaltenango autorizó construir un edificio para representantes de sociedad civil en un terreno municipal. El inmueble está abandonado desde 2015 y ahora la alcaldía quiere tener control de la obra para ubicar sus oficinas.
Por Carlos Vásquez
El alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, suma otro conflicto a su gestión: Su negativa a entregar un inmueble de dos niveles –de Q2.3 millones– construido para los representantes de la Sociedad Civil. El jefe edil argumenta que el terreno es municipal, y por lo tanto le pertenece.
Se trata de una obra edificada en tres etapas y que, según un estudio de una firma valuadora, se ha deteriorado por falta de uso en 40 por ciento. Hoy está abandonada, con goteras y sin servicios sanitarios. La responsabilidad recae en la municipalidad que la recibió en 2015 y nunca le dio uso.
El Consejo Departamental de Desarrollo tiene previsto reunirse este viernes 6 c0n el Grijalva, los representantes de la Sociedad Civil y el gobernador para llegar a un acuerdo sobre el uso que se le dará al edificio.
Quién es el dueño
Los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) –integrada por 11 instituciones–, solicitaron a Grijalva, en agosto pasado, los planos de la sede y que les entregara el inmueble. Sin embargo, la respuesta fue negativa. No recibieron los documentos ni las llaves. Por esta razón, presentaron ese mes una denuncia ante el Ministerio Público que ahora investiga el caso.
Según Grijalva, el edificio se construyó en terreno municipal y la tercera parte de los recursos (33.11 por ciento) fueron dados por la alcaldía, «por lo tanto, la obra es municipal». Por lo que a partir de este año, en ese lugar funcionarán oficinas de su dependencia y en alguna podría darle posada a los activistas.
«Se les podrá dar un espacio, pero con ciertas condiciones. Cuando se retome el tema en el Concejo Municipal emitiremos un reglamento», respondió Grijalva. Resolver esta situación no es una prioridad para él pues es un problema heredado de la administración anterior.
La primera fase de la obra estuvo a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatemala (Asodig), las otras dos de la alcaldía de Jorge «Mito» Barrientos. La construcción comenzó en 2011 y terminó cuatro años después, en octubre 2015, justo cuando «Mito» y su equipo sabían que ese era su último periodo. El equipo falló en su intento por buscar la reelección. Hoy, son investigados por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las diferencias entre los activistas y Grijalva se agudizaron por la negativa del alcalde a entregarles tres informes (financiero, técnico y político) y los planos del proyecto. De acuerdo con Fredy Colop, ex coordinador de la Sociedad Civil, la solicitud la hicieron en febrero del año pasado y nunca tuvieron respuesta.
El contralor Carlos Mencos intervino en marzo del año pasado. Visitó el edificio y luego pidió a la Sociedad Civil (providencia CGC-Codede-Quetzaltenango 24-2017) que informara si en alguna de las tres fases les entregaron el edificio, las llaves o si tramitaron su recepción.
Julio Díaz, coordinador de Sociedad Civil ante el Codede desde febrero de 2017, se limitó a responder que carecían de información. Cinco meses después acudió a las oficinas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la Ciudad de Guatemala, para presentar una declaración testimonial (expediente MP001-2017-52513). Fue a decir que Grijalva no les quiere entregar el edificio y, por consiguiente, no tienen ninguna responsabilidad por los daños y deterioro del inmueble ubicado en 0 avenida y 11 calle zona 6 de Quetzaltenango.
Tres fases, dos constructoras
La obra tiene un costo de Q 2,346,206.27 y fue construida en tres fases. La primera estuvo a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatemala (Asodig) que adjudicó los trabajos a la Constructora Dicovi por Q1millón. Los fondos fueron proporcionados por el Cocode en 2009.
La segunda fase, que consistió en la circulación del edificio, la adjudicó la municipalidad de Quetzaltenango, ya no Asodig. Esta etapa tuvo un costo de Q399,230 quetzales y también estuvo a cargo de Dicovi, con la misma fuente de financiamiento.
La tercera fase, construir el segundo nivel, la contrató la municipalidad con Materiales & Constructora Civil Mayconci. La administración de Mito Barrientos pagó Q776,967.27 y el cocode Q170 mil.
Hoy el edificio está abandonado y deteriorado. Un estudio solicitado por representantes de la Sociedad Civil y elaborado en 2017 por la firma R & S Ingeniería y Arquitectura, advierte los daños. Según Ixchel Racancoj, arquitecta colegiada 5159, “el edificio se encuentra en un 60% en obra, el primer nivel mejor acabado que el segundo. Al edificio le faltan puertas, cableado del sistema eléctrico, artefactos de sanitarios, hay filtración de humedad en juntas de agrietamiento en la losa provocando filtración de agua y humedad”, concluye el informe.
Cástulo Domínguez Cayax, constructor a cargo de las fases I y II, mostró la copia del documento de recepción que le extendieron la ONG y la municipalidad de Barrientos. Todo quedó en orden, insistió. Atribuyó a los ladrones que el edificio carezca, hoy, de puertas y cableado. La misma respuesta da el propietario de la empresa que hizo la fase III, Alberto Ixcolín Pérez.
Sin embargo, nadie denunció los robos. No lo hizo la administración de Barrientos ni la de Grijalva. En la fiscalía distrital no consta ninguna denuncia por robo.
Pugna interna
El proyecto generó división entre los representantes de sociedad civil. Fredy Colop, exrepresentante del pueblo Maya K´iché, criticó a Julio Díaz por pedir que les entreguen la obra en esas condiciones –deteriorada–. “Nos insistió tanto (…) no sabemos por qué ya que ellos (Julio Díaz y José Luis Siguil) nunca nos dieron información de cómo se concibió el proyecto”, señaló. Díaz, por su parte, se limitó a declarar a Colop «non grato para el movimiento sindical».
El alcalde Luis Grijalva dice que contempla invertir alrededor de Q60 mil en reparar el edificio para habilitar sus oficinas. Los activistas están de acuerdo con que lo haga, pero quiere que se los entregue a ellos. «De lo contrario plantearemos una denuncia ante el Ministerio Público, pues la municipalidad era la responsable de resguardarlo», señaló Julio Díaz.
El ofrecimiento que el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Quetzaltenango hizo a la Sociedad Civil se cumplió de manera parcial. Se asignaron los recursos para la primera y segunda etapa, pero no logró tener control sobre la misma. Ahora deben esperar a que el alcalde ceda o al menos, que les dé una oficina a ellos. Esto último es lo que sugiere el gobernador Juan Rosales Climaco. «En aras de la conciliación, que se busque un acuerdo. Que la municipalidad habilite sus oficinas y les dé un espacio. Todo se resuelve conciliando intereses y necesidades».
Grijalva sostiene que el edificio es municipal y que le dará uso pues «necesitan espacios para acercarse a la población». Revisa su organigrama para decidir cuáles oficinas trasladarán para allá. Y en alguna podrá estar la Sociedad Civil, pero esto debe quedar por escrito.
Mientras tanto, la obra de Q2.3 millones sigue abandonada y los Q60,000 pueden no ser suficientes para readecuarla.
