A través del Plan Hormiga y el Plan 8, la Municipalidad de Guatemala empleó recursos y personal municipal para asegurar el voto durante dos elecciones a favor del Partido Unionista, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por José Pablo del Águila
El alcalde Ricardo Quiñónez, quien busca su reelección, y el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, exconcejal IV, enfrentarán una solicitud de antejuicio por los delitos de financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.
Ambos fueron actores clave en dos planes que instrumentalizaron recursos públicos para captar votos a favor del Partido Unionista durante las campañas de 2011 y 2015.
El nuevo caso del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló que los unionistas utilizaron alrededor de Q1 millón del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para programas políticos-partidarios.
Plan Hormiga
Consistía en que cada trabajador de la municipalidad debía fungir como un “captador de votos”. Para esto, tocaban puerta por puerta y presentaba a los vecinos planes de gobierno municipal de los unionistas.
La Municipalidad contrató a Jesús Gómez Espejel, representante de Consultoría Comunicación y Capacitación Guatemala S.A., para diseñar estrategias para la captación de votos. Cobró, al menos, Q983 mil.
El FAPU facturó los servicios y se simularon como “capacitaciones sobre liderazgo, motivación y desarrollo del recurso humano de la Municipalidad”. Los pagos se fragmentaron en Q57 mil 823.53 y se extendieron de 2013 a 2015.
El actual alcalde era identificado en chats como “RQ”. Otros colaboradores eran María Luisa Salas Bedoya, ligada a proceso por el Caso Caja de Pandora, era conocida como “LMS”; Álvaro Hugo Rodas, como “AHRodas” y Hector Adolfo Cifuentes, capturado hoy, como “HC”.
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Plan 8
Se le denominó así porque inició ocho meses antes de las elecciones de 2015. El objetivo era combatir el “desapego” entre algunos trabajadores de la municipalidad con el alcalde Álvaro Arzú y su gestión municipal. Se buscaba asegurar el voto de los trabajadores.
Se realizaron actividades como convivencias, capacitaciones y actividades “antiestrés”, según la investigación.
Capturas y citaciones
Fueron capturados Luis Pedro Villanueva Mirón, vocal del Comité Técnico del FAPU, y Héctor Adolfo Cifuentes, secretario general del Partido Unionista y de la Municipalidad. Ambos por financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.
Fueron citados a audiencia de primera declaración Pedro Licinio Ruano, director financiero del FAPU; Luisa María Silvana Salas (en prisión por el Caso Caja de Pandora), presidenta del Comité Técnico del FAPU, y Carlos Miranda, gestor y organizador de actividades proselitistas y de campaña.
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