MP-CICIG reparan en alcalde de Huehuetenango

Gerónimo Martínez es uno de los alcaldes que el MP y CICIG vinculan con el caso de corrupción que involucra municipalidades y constructores.

Gerónimo Martínez es uno de los 11 alcaldes a los que el TSE retiró la adjudicación del cargo en marzo de 2016, por ser contratista del Estado, pero nunca dejó el cargo. Foto: Facebook

Por Oswaldo Ical y Mariajosé España

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el caso Corrupción el miércoles 25 de octubre, otro que involucra a las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, a dueños de constructoras, exalcaldes y exfuncionarios. Uno de los señalados es el actual alcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez.

Contratista y alcalde

Gerónimo Martínez Gómez llegó a la municipalidad de Huehuetenango de la mano del partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Compitió contra nueve candidatos en las elecciones de 2015. Participó pese a que era contratista del Estado y que había sido condenado a seis años de cárcel por estafar a otra municipalidad, aunque apeló este fallo.

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le retiró la adjudicación del cargo a él y a otros diez alcaldes contratistas. Sin embargo, el 28 febrero de este año  la Corte Suprema de Justicia lo amparó y con ello se sacudió la amenaza de ser despojado del puesto. Martínez afirma que su concejo municipal nunca lo desconoció.

El alcalde de Huehuetenango es propietario de la Constructora Martínez y de la Ferretería La Misma, cuyas oficinas están en la cabecera departamental de Huehuetenango. Durante doce años, a partir de 2004, suscribió contratos con distintas municipalidades y organizaciones no gubernamentales. En ese periodo llegó a facturar Q99.3 millones. Hoy, está inhabilitado, advierte Guatecompras. Es decir, no puede hacer negocios con el Estado y no ha proveído servicio alguno desde noviembre 2015.

Sin embargo, Martínez asegura en esta entrevista que eso no es cierto. Que él no es el propietario sino su hijo Willy Martínez Vásquez a quien donó la empresa.

–­¿En qué situación está actualmente la Constructora Martínez?
La empresa no tiene movimientos desde hace seis o siete años, desde entonces no tiene ningún contrato. Yo la traspasé, ya no soy el dueño.

–¿Pero usted figura como representante de esa empresa en Guatecompras y con actividad reciente?
–Tal vez porque el que me la compró no hizo ese proceso.
–¿A quién se la traspasó?
– Se la dejé a un familiar, él es el dueño. Yo de qué tiempos no soy contratista del Estado, desde que participé con el Partido Patriota (en las elecciones de 2011).
–¿A su hijo?
–(Piensa antes de responder) Sí.
–¿Cómo se llama?
Willy Martínez Vásquez.

Memorial presentado por Gerónimo Martínez.

Contrato es contrato

Martínez Gómez fue candidato a alcalde con el PP en las elecciones de 2011, en esa ocasión quedó en segundo lugar. Y la última vez que ganó un concurso (cotización o licitación) fue en 2010. A partir de 2011 fueron contrataciones directas para hacer estudios, levantar muros de contención, arreglar calles o por alquiler de maquinaria e inmuebles.

En febrero de 2016, la Contraloría General de Cuentas envió al TSE un informe sobre 21 alcaldes electos que eran contratistas cuando se realizó la convocatoria y aún así, les otorgó el finiquito para participar. Martínez suscribió, en el año electoral 2015, tres contratos con dos municipalidades de Huehuetenango que sumaron Q28,750.

La inscripción de Martínez Gómez fue declarada nula por el TSE porque, según este, violenta el artículo 113 de la Constitución y la prohibición contenida en el artículo 45 del Código Municipal. La presidenta ese organismo, María Eugenia Mijangos, explicó que trabajaron en conjunto con la Contraloría General de Cuentas y comprobaron que era contratista del Estado.

“Siguió como alcalde porque interpuso recursos. Desafortunadamente, la normativa guatemalteca permite que lo que nosotros resolvemos esté sujeto a impugnaciones en la Corte Suprema de Justicia y, en última instancia, en la Corte de Constitucional” expresó Mijangos.

Cirilo Roberto Reyes, asesor jurídico de la municipalidad de Huehuetenango, sostiene que “el TSE no tiene la facultad para declarar vacante el puesto. Esto es facultad del Concejo Municipal. El fallo va encaminado a eso”. Luego muestra el amparo definitivo, con fecha 8 de febrero de 2017, otorgado por el Tribunal de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde le dan la razón al alcalde Martínez.

“El Código Municipal es claro al establecer cuándo existe una ilegalidad o arbitrariedad. Es al Concejo Municipal al que le corresponde declarar vacante el cargo cuando median razones para hacerlo y notificar al TSE para que nombre al sustituto y se haga el corrimiento”, agrega Reyes.

Amparo otorgado por la CSJ a Martínez.

Christians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera que esa resolución cuestiona la honorabilidad de los funcionarios.

“El hecho de que un alcalde sea dueño de una constructora y una municipalidad la contrate genera un conflicto de interés”, detalla Castillo.

Para Manfredo Marroquín consultor de Acción Ciudadana, el caso del alcalde de Huehuetenango solo demuestra el nivel de impunidad que existe en el país. “Es único y delicado, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, deben investigar y sancionar”, finaliza el entrevistado.

No solo esto

Gerónimo Martínez Gómez es un funcionario que se ha enfrentado a la justicia en distintas ocasiones. En 2012 fue condenado a seis años de prisión y una multa de Q235 mil por el delito de lavado de dinero. En ese proceso también fue sentenciado a dos años más el entonces alcalde de La Democracia, Francisco Isaí Hidalgo Argueta.

De acuerdo con el Organismo Judicial, la sentencia se dictó el 11 de marzo de 2015, pero Hidalgo Argueta y Martínez Gómez apelaron la sentencia. La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aún no ha resuelto.

En el proceso que llevó el tribunal Primero de Mayor Riesgo B también figuraron como sindicados Gloria Torres y María Marta Castañeda Torres, familiares de la excandidata presidencial Sandra Torres.

De acuerdo con el Ministerio Público, Hidalgo Argueta desvió Q1 millón 70 mil, durante el período del 1 de enero 2005 al 31 de diciembre de 2006. Abrió acuentas bancarias para la construcción de los proyectos de la  Plazoleta Polideportiva y el Centro Comercial Camojá Grande, los cuales quedaron inconclusos. Los fondos destinados para las edificaciones, fueron trasladados a las Constructoras Martínez y Ceci. Parte del dinero desviado a las constructoras terminó el bolsillo de Hidalgo.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) también se ha fijado en este alcalde. La auditoría al presupuesto 2016, publicada el pasado 31 de mayo, muestra cómo fue el primer año de gestión del alcalde Martínez Gómez. El informe confirmó 15 hallazgos sobre este funcionario.

Las principales infracciones encontradas, a juicio de los auditores, son por falta de documentación de empleados contratados, deficiencia en la administración de bienes municipales e incumplimiento a recomendaciones de la auditoría 2015. También por infringir en la Ley de Contrataciones del Estado con el fraccionamiento de compras. Por esto el jefe edil debe pagar 17 multas, las cuales ascienden a Q64,775.

Su nombre también figura en la auditoría realizada al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Huehuetenango por no finalizar la construcción del mercado de Minerva, valorado en casi Q20 millones. La Contraloría presentó la denuncia DAJ-D-S-368-2017 ante el Ministerio Público.

Procesos van y vienen

Martínez continúa al frente de la alcaldía y se muestra indiferente ante los casi 20 procesos judiciales que siguen vigentes en su contra, tan indiferente que dice desconocer por dónde va cada uno.

–Usted es uno de los alcaldes que tiene más procesos judiciales en su contra, alrededor de 20.
(Se muestra indiferente) Los procesos tal vez son ahorita que estoy con la municipalidad, como representante de la muni.
–¿Cuál es la situación de estos casos?
El asesor jurídico está a cargo de eso. Pero estamos actuando bien. Hay quienes denuncian por querer y difaman a la persona, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Soy una persona reconocida en Huehuetenango, le he servido a la sociedad y cuando no era alcalde tenía la responsabilidad de servirle a mi pueblo.
–¿Por qué decidió ser alcalde si era un empresario con contratos millonarios con el Estado?
–Porque unos amigos me dijeron que participara en política, y acepté en mala hora. He sido un empresario exitoso, no solo de un tipo de negocio, tenemos hoteles, muchas casas alquiladas. Yo puedo vivir sin necesidad de estar en la municipalidad.
–¿Las otras empresas en mando de quienes están?
Mi esposa las administra (Griselda López de Martínez).
–¿Por qué la municipalidad de Huehuetenango no tiene un portal electrónico?
(Piensa antes de responder) Lo están trabajando los de Comunicación, pero aquí tenemos varias radios y canales donde se informa a los vecios de los proyectos. A través de las radios la gente se pronuncia ante las necesidades y los problemas que tiene.
Pero el portal también sirve para publicar información de oficio que exige la Ley de Acceso a la Información, por ejemplo, su sueldo y lo que reciben los concejales. ¿Cuánto gana usted?
Mi sueldo base es de Q7 mil y recibo Q5 mil de la Empresa Eléctrica que me sirven de viáticos cuando viajo a las comunidades. Además, recibo Q500 por cada sesión, alrededor de Q9mil mensuales. Creo que soy el alcalde que gana lo mínimo.


(**) Esta nota fue publicada el 6 de junio de 2017 en el especial 40 alcaldías bajo la lupa.

* Más información sobre la denuncia presentada por el MP-CICIG aquí.

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