El alcalde de Salcajá y candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) critica la actitud de la Contraloría General de Cuentas, la llama «un banco de extorsión».
Por José Pablo del Águila
Un alcalde, concejal o funcionario municipal puede llegar a duplicar su salario gracias a las dietas que recibe por asistir a sesiones de trabajo. Por ejemplo, el alcalde de San Miguel Petapa, Luis Alberto Reyes, tiene un sueldo de Q39,750, con dietas y gastos de representación sus ingresos ascienden a Q90 mil.
Otro caso es el del vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval. Su salario es de Q21,050, pero en abril de este año percibió Q41 mil 200 debido a las dietas por asistir a sesiones de las Juntas Directivas de empresas municipales.
La justificación del Rolando Miguel Ovalle, jefe edil de Salcajá y candidato a presidir la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), es que las dietas son “onerosas” porque los funcionarios necesitan pagar multas caprichosas de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
“Siempre lo hemos dicho: la Contraloría se convierte en un banco de extorsión a todos los entes políticos, especialmente cuando requerimos utilizar el finiquito. Entonces eso es lo que hace que las dietas sean onerosas”, dice Ovalle. El finiquito es un documento que necesita un funcionario para postularse a un cargo de elección popular. Garantiza que no hay reclamos de cargos pendientes.
Para Eddy Cifuentes, experto en gobiernos locales, la justificación del jefe edil de Salcajá no es válida. Muchas de las multas que impone la CGC son por los mismos hechos que ya se han sancionado con anterioridad. “Gran parte de las sanciones son por falta de experiencia, falta de conocimiento. Aparte de sagaz, es inmoral pretender justificar que las dietas son altas para atender hallazgos”, opina.
Rony Linares, consultor en temas municipales, aclara que las multas que impone la CGC no pueden ser más altas que los ingresos que percibe un funcionario. En el caso de los concejales se calcula sobre las dietas y para alcaldes en relación a su salario, aclara.
Ovalle considera que si la CGC fuera “un ente fiscalizador correctivo más que sancionatorio” se podrían corregir las dietas.
Se consultó a la CGC sobre las sanciones a alcaldes, concejales y funcionarios municipales pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. En una entrevista anterior, el subcontralor del gasto público, José Ramírez Crispín, dijo que las multas se imponen a los funcionarios dependiendo del salario que tengan.
El alcalde de Salcajá se encuentra en campaña para la presidencia de la Anam, cuya función es promover los intereses de los 340 municipios. Asegura que cuenta con el apoyo del presidente electo, Alejandro Giammattei.
Escucha lo que dice el alcalde de Salcajá a cerca de la dietas que reciben los alcaldes:
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