La estrategia: entregar al sector privado aeropuertos sin pedir permiso al Congreso

El presidente electo sabe que no tiene fuerza en el Legislativo, por ello maniobra para eludirlo, advierten expertos.

Giammattei solo tiene 17 diputados oficialistas en el Congreso, no podría aprobar una concesión. Foto, diario La Hora.

 

Por José Pablo del Águila

 

El presidente electo, Alejandro Giammattei, anunció esta semana que durante su gobierno entregará a corporaciones ediles dos aeropuertos. El del Mundo Maya, en Petén, pasará a la comuna de Flores y el Aeropuerto La Aurora, a la capitalina.

Dejó claras sus razones: “A nosotros, hacer una concesión, nos lleva demasiado tiempo. La municipalidad puede entregarlo en usufructo a una empresa registradora por medio de un concurso para que pueda administrarlo”.

 

 

El futuro mandatario sabe que concesionar el servicio, es decir delegar su administración al sector privado, requiere de la aprobación del Congreso de la República. Con 17 diputados oficialistas, es una cuesta arriba.

Pero Enrique Godoy, ex vicealcalde de la ciudad de Guatemala, teme que se esté fraguando un fraude de ley. Lo explica así:

El código municipal permite a las comunas concesionar servicios públicos municipales con el aval de su concejo. Ello elimina la complejidad de buscar consensos en el Congreso de la República. Sin embargo, para Godoy, el aeropuerto no es un servicio público municipal, por esta razón esta es una vía ilegal.

 

 

Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria y excandidato a la alcaldía capitalina, refuerza la tesis.

“Toda concesión de servicios que haga el Ejecutivo debe pasar por el Congreso para su aprobación, según el artículo 183 literal K de la Constitución. Sin embargo, esa es una obligación únicamente para el Organismo Ejecutivo, no para municipalidades porque son autónomas”.

Solórzano Foppa agrega que el presidente electo ha dejado clara su intención de privatizar servicios.

 

 

Una opción

En algunas ciudades del mundo, como Miami, el gobierno local administra el aeropuerto. Por lo tanto, Godoy ve viable que el Ejecutivo otorgue a las municipalidades en usufructo las instalaciones durante un máximo 50 años, siempre y cuando estas no concesionen como un servicio público.

Las comunas podrían explotar el bien y gozar de los ingresos que se generen. También contratar empresas que se hagan cargo de la publicidad, mantenimiento de la pista aérea, limpieza, etcétera.

O bien, podrían aportar parte del usufructo a una sociedad anónima, crear una junta directiva y administrarlo desde ahí.

Quien aplaudió la decisión del futuro mandatario fue Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). La función del Estado es subsidiar inversión para infraestructura, pero son los gobiernos locales los que deben encargarse de la administración de los servicios, dijo.

 

 

Otra de las medidas que se anunció en la conferencia de prensa fue que se retirará de la Dirección General de Aeronáutica Civil las funciones de seguridad y las trasladará a la Presidencia.

Se consultó con Carlos Sandoval, secretario de comunicación designado, si los aeropuertos se pasarán a los gobiernos locales mediante una concesión, pero dijo que aún no se define la metodología.

 

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