Juan Fernando López Fuentes, alcalde electo por el partido Humanista, tuvo a su cargo la construcción y mantenimiento de nichos del Cementerio General, por Q32 millones.
Por Mirna Alvarado
Quetzaltenango tiene nuevo alcalde electo 2020–2024. El candidato del Partido Humanista obtuvo 13 mil 552, el 12 por ciento del electorado compuesto de 106 mil 443 empadronados. Su nombre es Juan Fernando López Fuentes.
La Junta Electoral Departamental (JED) todavía no adjudica los cargos, pero JF, como se le conoce, ya se reunió con la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Adelanta que también conversará con el candidato de Vamos, los dos que irán a segunda vuelta. Pero López Fuentes podría no asumir.
Hace cuatro años cuando fue electo diputado por el distrito de Quetzaltenango con el partido UCN, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó tomar posesión al cargo bajo el argumento de ser “Contratista del Estado”. Así consta en el acuerdo número 476-2015 del TSE.
Este hacía referencia al documento que López Fuentes suscribió con la comuna el 20 de marzo de 2007 (NOG 349550) por Q32 millones 151 mil, durante la administración del exalcalde Jorge Rolando Barrientos Pellecer, acusado de recibir coimas de empresas por obras que la comuna les adjudicó.
Se trata del “Servicio público de construcción y mantenimiento de nichos en el Cementerio General de Quetzaltenango”, adjudicado a la empresa J.F Bienes Raíces cuyo representante legal es Juan Fernando López Fuentes.
El contrato inicial era una concesión por un año. En la escritura pública número 163 de fecha 13 de abril de 2007 se suscribió la primera ampliación de seis meses. Luego, el 21 de junio del mismo año, en la escritura pública número 263 se estableció la segunda ampliación de seis meses más. Con eso JF tenía hasta 2009 para cumplir con las especificaciones de la propuesta.
Pero este no nació jurídicamente porque las autoridades de turno (encabezadas por Barrientos Pellecer) no trasladaron el expediente al Congreso para autorizar la concesión de un bien público a una empresa privada (Art 183). En 2009 el proyecto se detuvo y se solicitó la rescisión del contrato, pero no se ejecutó.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió varios reparos por esos años contra la comuna altense, y cada una de las multas las pagó el entonces jefe edil.
Hasta 2009 eran 2 mil 709 nichos construidos por la empresa de JF, de los cuales vendió 2 mil 184 a Q6,700 cada uno. Los restantes 525 quedaron en manos de la comuna para venderlos. Quedó pendiente de entregar 1 mil 704 títulos de propiedad, según consta en el documento de rescisión pendiente de aprobarse.
“Nunca me pagaron, el trato era que yo construía y de la venta de los 5,184 nichos obtendría mi pago, pero fue lo contrario, yo perdí: Invertí unos Q9 millones en la construcción, de los que se vendieron a la municipalidad yo le pagué el porcentaje acordado en el contrato creo que era el 12 o 19 por ciento, no recuerdo muy bien”, dijo López Fuentes.
Nueve años transcurrieron para rescindir el contrato en el Concejo Municipal de Luis Grijalva, según acta 17-2018, del 18 de enero de 2018. Pero la Dirección de Información Pública indica que hasta el 18 de diciembre del mismo año el Concejo no había aprobado la rescisión.
JF el contratista
“Todo aquel que haya tenido o tenga vínculos contractuales con el Estado o alguna entidad que reciba fondos públicos, no podrá participar a ningún cargo de elección popular”, cita el artículo 445 -2018, del TSE el analista José Martín Yac.
Pero JF insiste que nunca fue contratista del Estado. “El contrato nunca nació a la vida jurídica y hace un año con tres meses el alcalde (Grijalva) me hizo un finiquito, donde dice que el acuerdo nunca llenó los requisitos de ley y mucho menos la municipalidad fue concedente”.
Mostró su finiquito y su credencial como candidato. “Si fuera contratista –repite– no habría podido inscribirme. Esto es campaña negra, ardor de los que perdieron y seguramente más de alguien quiere sacar provecho de este tema”.
A eso Yac, dice: “Habrá que consultarle al TSE si el alcalde electo presentó finiquito de parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que le aceptaran la inscripción”.
Si el contrato no nació a la vida jurídica como dice, habría cometido otra ilegalidad porque nunca estuvo autorizada por el Congreso para hacer negocios con un bien público.
“Yo razoné mi voto cuando se aprobó la concesión del Cementerio al alcalde electo. El compromiso era construir nuevos nichos, ofertarlos, venderlos y por cada uno la municipalidad debía recibir el 12 o 16 por ciento”, recordó Jordán Rodas el Procurador de los Derechos Humanos, que en 2007 fungió como Concejal de la municipalidad altense.
¿Habemus alcaldesa?
Si López no asume, Katia Minera, su concejal I electa, lo sustituiría. “Un hecho histórico para la ciudad pues sería la primera mujer en gobernar”, comenta el analista Luis Felipe Samayoa.
El Código Municipal, artículo 54, inciso B, se refiere a esta sustitución en caso faltara el alcalde.
“Este debe ser un llamado a la población para que en las próximas elecciones no pierda de vista quiénes son sus candidatos, que investiguen bien si tienen o no impedimento legal, porque al final terminan engañando a la gente”. Si sabía que no podía asumir debió ser honesto y dejar que otros participaran, no prestar su imagen para que la señora Minera se convierta en alcaldesa, añade Samayoa.
Entre 2008 y 2010 JF presidió al club deportivo Xelajú M. C., antecedió y sucedió a Francisco Santos Méndez, también candidato a la comuna altense por el partido Fuerza.
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