Fausto Sánchez Roblero, autoridad indígena Mam de San Pablo, San Marcos, se opone a la instalación de la hidroeléctrica Hidrosalá.
Por Edna H. Saraccini
–¿Por qué le detuvieron?
– Por una persecución política que surgió en mi contra por defender el territorio de San Pablo. Estuve preso del 10 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2017. Me acusaron de coacción, instigación a la violencia, plagio, secuestro y asociación ilícita. Me dejaron libre sin probar ninguno de los delitos porque no los cometí.
–¿Participaba en algún grupo?
– Soy autoridad indígena y represento al Consejo Mam de San Pablo. En 2007 nos organizamos porque varias empresas privadas estaban interesadas en extraer bienes naturales de nuestro municipio, pero violando nuestros derechos e irrespetando las leyes. Este fue el origen de la represión y posterior captura mía y de otros. Nos llaman desestabilizadores, aseguran que estamos en contra del desarrollo porque nos oponíamos a la instalación de Hidrosalá, sobre el caudal del río Salá. Pero los bienes naturales son de dominio público y no de una persona o empresa.
–¿Les presentó Hidrosalá el proyecto a las autoridades indígenas?
– No, hasta que la población empezó a preguntar. Se solicitó información al Concejo Municipal pero no sabían nada y se comprometieron a investigar. Cuando la comuna tuvo información, convocó a los jefes ediles comunitarios y a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes). El 11 de junio de 2008 representantes de los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente de San
Pablo llegaron al parque central de San Pablo para notificar que se evaluaba la solicitud de Hidrosalá. Pero la empresa ya tenía maquinaria en el lugar. Así que concluimos que se habían violado nuestros derechos.
–¿Se hizo una consulta previa, como establece el Convenio 169?
– No, aunque es un mandato constitucional. Por eso cada comunidad, desde 2007, hizo su propia consulta y se rechazó el proyecto. El paquete de actas donde se manifestaba la decisión se presentó al Concejo Municipal, pero la empresa siguió operando. En 2012 el alcalde Jorge Mario Maldonado, electo por el Partido Patriota, ratificó lo dicho por los comunitarios pero pocos meses después autorizó la construcción de la hidroeléctrica. Las comunidades le increparon y le pidieron que explicara qué beneficios iba a representar la obra.
–El área donde está instalada la hidroeléctrica Hidrosalá, ¿Es privada o comunitaria?
–La infraestructura está construida en una finca particular llamada Argentina. Pero el área en donde se iba a edificar el cuarto de máquinas está en la comunidad Las Brisas. Pretendían hacer uso de un bien público sin consulta previa. Los empleados de la hidroeléctrica intentaron ingresar dos veces la maquinaria, con apoyo de la Policía Nacional Civil, pero la población no se los permitió. E Hidrosalá desistió.
–¿Quiénes lo detuvieron y cuáles fueron los delitos que le imputaron?
–Fui detenido el 10 de diciembre de 2014 por agentes de la Policía Nacional Civil de San Marcos. La orden indicaba que se me capturaba por coacción e instigación a la violencia. El Juzgado no me notificó, si no que fue una captura directa. Después de dos días de estar privado de libertad me notificó el Departamento de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, en Cantel, municipio de Quetzaltenango que se sumaban los delitos de plagio, secuestro y asociación ilícita. Una semana después, en la audiencia de primera declaración, en el Juzgado de Instancia correspondiente, en Malacatán, San Marcos se presentó una presunta víctima, que me acusó de secuestro y de asociación ilícita.
– ¿Se demostró que había cometido alguno de estos delitos?
– No. Del delito de asociación ilícita me absolvieron por falta de pruebas. Y de plagio o secuestro no se estableció mi participación en ningún hecho porque no estaba presente en el lugar. Una sentencia fue emitida el 3 de noviembre de 2015 y la otra el 18 de agosto de 2016.
–¿Qué significó para usted estar privado de su libertad?
–Fue una experiencia lamentable que me provocó momentos muy amargos. Por eso lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: Fui víctima de tortura psicológica por parte del Estado.
–Recibió usted algún apoyo de parte de las autoridades indígenas del Consejo Mam de su municipio para sufragar los gastos de su defensa?
–Tuve dos abogados que cubrieron de manera conjunta ambas causas. Uno era de la Comisión Paz y Ecología (COPAE) y del Consejo del Pueblo Maya (CPO). El otro era particular. Mi familia me apoyó moral y espiritualmente. Pero para costear a los abogados de mi defensa tuve que vender las pocas cosas que con tanto esfuerzo había logrado. Además, en la cárcel la ausencia del Estado es evidente. En algunas ocasiones los reclusos teníamos que pagar por la energía eléctrica o el agua.
–¿Cómo se explica usted estas acciones?
–Estos hechos represivos nos recuerdan los mecanismos y la lógica implantada en la época del conflicto armado que tienen la intención de paralizar y resquebrajar las luchas y las protestas sociales.
–¿Sigue participando en las demandas de su municipio?
–Sí, porque es un derecho constitucional. Por ahora se le venció el plazo de la licencia de construcción a la empresa Hidrosalá, y no han podido trabajar. Se les incrementaron las pérdidas por el estancamiento de las obras pero esto no es culpa mía, ni de la población. El principal responsable es el Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente por haber otorgado la licencia sin haber cumplido con el mandato constitucional.
–¿Valió la pena la lucha?
– Sí. Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Como pueblo Mam tenemos nuestro propio territorio, autoridades e idioma, por lo que le estamos exigiendo al Estado de Guatemala para que comience a respetar los principios de nuestro derecho. Y si hubiera necesidad lo volvería hacer. Pero ojalá que no tenga que llegar a ese punto porque esperamos que el Estado de Guatemala atienda nuestras demandas, que respete el estado de derecho de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo y Desigualdades” impartido por Laboratorio de Medios, S.A., a comunicadores de varios departamentos de Guatemala con financiamiento de Oxfam y la Inter-American Foundation (IAF.) El contenido es exclusiva responsabilidad de su autor.
