Se solicitó la base de datos de Guatecompras.
La negativa del ministerio de Finanzas de entregar la base de datos de Guatecompras, sistema que se alimenta de información pública, centra de nuevo la atención en la manera cómo las oficinas jurídicas de las dependencias y los técnicos de informática interpretan la normativa.
La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) garantiza a los ciudadanos el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública que poseen las autoridades y los sujetos obligados (en este caso, Finanzas). Y obliga a entregarla siempre y cuando una ley no la clasifique como reservada o confidencial. Y este no es el caso de Guatecompras.gt.
Sin embargo, al solicitar “la base de datos actualizada a la fecha del sistema Guatecompras, incluyendo todos los campos que aparecen en el sistema, excluyendo las tablas que contengan datos de autenticación y/o modelos de seguridad que comprometan la autenticación de sus usuarios… en su formato original”, el director de Tecnologías de la Información del ministerio, se negó a entregarla.
A plazo fijo
El pasado 7 de junio se celebró la hackatón latinoamericana “La ruta del dinero”, convocada por el movimiento Hacks/Hackers Capítulo Guatemala, una actividad que reunió de manera simultánea a periodistas y desarrolladores en 13 ciudades de la región. Y un recorrido por Guatecompras.gt, los llevó a solicitar su base de datos en un formato que permitiera consultar la información.
La solicitud la presentó ese mismo día el periodista de Ojoconmipisto que participó en la actividad, con el apoyo del desarrollador. El ministerio le asignó un número (251-2014) y a partir del 9 de junio comenzó a correr el plazo de los diez días establecidos por la ley para dar una respuesta. El 19 solicitó una prórroga que vencía el 4 de julio, pero fue hasta el 9 de julio cuando expresaron la negativa a entregar lo solicitado. En el ínterin, y con la información disponible en el portal, los desarrolladores crearon el sitio “Guatemala transparente” (https://gtt.maphpia.com).
La subdirectora de Administración de Sistemas Financieros, Siomara Estrada Chacón, argumentó que “…la estructura de las bases de datos que pertenecen al Sistema de Guatecompras son intransferibles, debido a que permitiría la vulnerabilidad a nivel de datos y de estructura, afectando el correcto funcionamiento del sistema, tomando en cuenta que la separación de datos y software no son recomendados. Violando las políticas y estándares de seguridad implementados en el Ministerio de Finanzas”. Según ella, “el libre acceso a la información está permitido a través del sistema web de Guatecompras”.
El viernes 11 de julio se presentó un recurso de revisión ante el titular de Finanzas, Dorval Carías, por la respuesta a destiempo y por estar en desacuerdo con sus argumentos. Los datos solicitados son públicos, no son confidenciales ni fueron declarados en reserva, y nunca se pidió la estructura del sistema, como argumentó Estrada. El lunes 14, se envió la copia de la misma el Procurador de los Derechos Humanos que tutela el acceso a la información pública como derecho humano. El viernes, al vencer el plazo para darle respuesta al recurso, se confirmó la negativa a entregar los datos. Al cierre de esta nota no se había recibido la opinión de Jorge De León Duque, procurador de los Derechos Humanos.
Distinto lenguaje
El pasado 15 de julio, el Ministerio de Finanzas convocó a una reunión para “llegar a un acuerdo para interpretar de manera apropiada la solicitud”, e invitó como mediadora a Rosa María Juárez, de la Secretaría de Acceso a la información del PDH. Pero esto no se logró.
Uno de los asistentes preguntó qué uso se le daría a la información solicitada y se le recordó que la ley de AIP advierte que ese no es un requisito para entregarla (Artículo 43). Luego fue el turno del director de informática de Finanzas, Danilo Mazariegos Zetina, quien se atrincheró en su espacio. Reiteró una y otra vez que no la entregaría porque hacerlo es “proporcionar la estructura de la base” y él es responsable de resguardar la seguridad del sistema que este año ha sufrido cinco ataques cibernéticos.
Cuando el desarrollador le explicó por enésima vez que lo solicitado son “los datos en crudo”, la información que ya es pública (está disponible en el portal) y en un formato que pueda ser procesado con una computadora, el funcionario subió la voz al decirle “¡esa copia no la vas a tener!”.
Juárez intervino para decir que “la estructura de datos no puede ser considerada información, sin embargo, la base de datos sí la consideramos como tal”. Ante esto, Mazariegos respondió que la única manera en que entregaría los datos sería en respuesta a solicitudes específicas, y la daría en formatos PDF y en papel. Punto. No aceptó tampoco proporcionarlos en excel como sí lo hizo la Unidad de Información Pública del Ministerio cuando atendió otra solicitud similar. Para él, la solicitud original debe ser rechazada. “Yo me protejo”. Y ganó la batalla. El ministerio de Finanzas lo reiteró en su respuesta al recurso de revisión: “Lo solicitado no puede considerarse información”.
Entre expertos
Silvio Gramajo, académico y experto en la ley de Acceso a la Información Pública, considera que existe un problema de interpretación por parte del Ministerio de Finanzas. “Los datos solicitados ya son públicos, por lo que no entiendo cómo se puede vulnerar el sistema ‘per se’. Lo que se pide es información almacenada por una entidad del Estado”. Además existe un criterio sobre el principio de máxima publicidad en la que se respalda la ley.
“Si un dato ya se ha hecho público por un sistema, no tiene lógica resguardarlo por otro”. Finanzas, advierte, no tiene porqué juzgar la actuación para ver si procede o no entregar los datos. “Si la información se utiliza mal, el solicitante es el responsable”.
Por su parte, Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, insiste en que la información debió haber sido facilitada por el Ministerio. “Es un principio básico de la ley a la que ellos tendrían que rendirse. En base al Artículo 3 y de los propios principios tendrían que hacer todo lo posible por entregarla”.
FRASE: “Si un dato ya se ha hecho público por un sistema, no tiene lógica resguardarlo por otro”, Silvio Gramajo, experto.
