Los alcaldes se quejan de que el proceso para disponer del dinero e invertirlo es engorroso. Pero los gobernadores les reclaman a los primeros ineficiencia en su gestión.
Por José Pablo del Águila
Cada año se destina una parte del presupuesto para que ciudadanos y autoridades decidan qué obras quieren realizar en sus comunidades. Esto se logra mediante el Sistema de Consejos de Desarrollo.
Para 2019 está vigente un presupuesto de Q2 mil 601 millones, aproximadamente, para proyectos de inversión a realizarse a través de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Los conforman alcaldes, gobernadores, Organismo Ejecutivo y representantes de la ciudadanía, entre otros. A ellos les corresponde pedir el desembolso del dinero al Ministerio de Finanzas (Minfin) y después trasladarlo a las municipalidades.
A la fecha solo el 21.93 por ciento de los recursos asignados se utilizaron, según el portal de control de desembolsos y transferencias a los Codede (Codet).
Si al final de año los trabajos no se realizan, el dinero se retirará a un “fondo común”. Aquí el Estado podrá utilizarlo para otras necesidades que tenga, explica Walter Figueroa, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Así se desperdicia, año tras año, la oportunidad de que las comunidades tengan nuevas obras en agua y saneamiento, educación, salud y transporte.
Las dificultades
Hay dos explicaciones del porqué no se invierten los recursos: la de los alcaldes y la de los gobernadores.
Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, comenta la de los jefes ediles: el trámite para que el Minfin desembolse el dinero a las municipalidades es engorroso.
Entre abril y junio los Codedes confirman qué obras se ejecutarán en el año, después se hacen convenios con Finanzas para trasladar el dinero a las comunas. Hasta septiembre u octubre podrán subir los concursos a Guatecompras, dice Escobar.
Los proyectos se empiezan a ejecutar hasta noviembre, pero en lo que resta del año es imposible que se finalicen, cuenta.
Su propuesta es reformar la Ley del Presupuesto para que los alcaldes dispongan de los primeros meses del año entrante para ejecutar las obras. Es decir, que el dinero no ejecutado no vaya al fondo común. “El dinero debería quedarse en una caja de cuenta única del tesoro de cada municipalidad”.
Pero esto es complejo, ya que al finalizar el ejercicio fiscal el Estado tiene obligaciones, como el pago de aguinaldos a los trabajadores, y requiere recursos para eso, dice Figueroa.
Para los gobernadores, en cambio, el problema no es el que menciona Escobar, sino la ineficiencia de las municipalidades para realizar obras.
Estuardo Barillas, gobernador de Huehuetenango, comentó que este año electoral los jefes ediles se desentendieron de los Codedes y se enfocaron únicamente en sus campañas. “De hecho, después de los resultados (al ver que no fueron reelectos), muchas alcaldías no trabajaron con esa intensidad con la que se venía haciendo”, dice Barillas.
Iván Díaz, gobernador de Guatemala, el departamento con la ejecución más baja (el 4.13 por ciento de los Q328 millones 741 mil asignados este año) reitera que la culpa es de los alcaldes. Pero no quiso explicar su postura e invitó a que se le visitara personalmente.
¿Qué hacer?
Figueroa, del Icefi, considera que las municipalidades deben mejorar la planificación a fin de evitar contratiempos. “Se puede mejorar la ejecución si hay planificación. Lo que pasa es que si usted va a las municipalidades, muchas veces la persona de la unidad de planificación no llena los requisitos para el cargo”, dice.
Después de Guatemala, el departamento con ejecución más baja es Chiquimula, solo ha invertido el 7.06 por ciento del dinero que se le destinó para obras.
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