Ana María Prado García, representante de organizaciones de mujeres ante los Consejos Regional y Departamental de Desarrollo desde 2012 a la fecha y miembro de la Comisión Coordinadora del Foro Nacional de la Mujer, forma parte de la Sala Situacional Departamental de Salud Pública en El Progreso.
Por Elisa Sasvín
En Guastatoya, El Progreso, el 77 por ciento de los embarazos en menores de 12 a 18 años, ocurre en el casco urbano, señala un informe que el ministerio de Salud presentó al Consejo Municipal de Desarrollo. Durante el primer trimestre de 2016, el área de Salud registró 30 casos, cuando en 2015 fueron 18. Prado García analiza estos datos.
ES— ¿Por qué los embarazos tempranos suceden en áreas urbanas de en Guastatoya, donde las personas tienen acceso a información y servicios?
AMP — El problema está en que la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Como los padres no hablan con sus hijos, estos buscan información en las redes sociales y la televisión, y no siempre encuentran las respuestas apropiadas. Tampoco existen políticas públicas que orienten y obliguen a los padres de familia a educarlos.
El embarazo en adolescentes es un tema latente, donde el victimario, en la mayoría de los casos, es un pariente cercano y esto hace que la muchacha guarde silencio. Es evidente que los valores humanos están en decadencia.
—¿Le impacta esta situación?
— Sí, porque es un problema social que violenta los derechos de las niñas, causa trauma psicológico y los obligo a asumir la maternidad para lo cual no están preparadas. Esto también genera pobreza y conflicto entre las familias implicadas. Las autoridades y padres de familia deben dialogar, coordinar y dirigir acciones inmediatas.
La sociedad tiene que aprender los nuevos comportamientos de la juventud absorbida por la tecnología de las comunicaciones. Así podrán entender mejor a sus hijos y entablar una comunicación que les permita tratar sobre la reproducción sexual, la cual tiene implícita la paternidad y maternidad infantil.
—¿Qué otras causas dan origen a esta problemática?
— La desintegración familiar causada por la migración de uno o ambos padres de familia, el hacinamiento causado por grupos familiares que duermen en pequeños ambientes, el desenfreno en el uso de las redes sociales que ofrecen pornografía, la trata de personas para explotación sexual y la proliferación de centros nocturnos.
—¿A quién corresponde prevenir este problema?
— En primer lugar, a los padres de familia que deben dialogar con sus hijos y dedicarles más tiempo, actualizarse en el tema de la tecnología de las comunicaciones y conversar con los maestros.
Las autoridades de los ministerios de Educación y Salud Pública deben establecer programas de formación ajustados al contexto social y actual de los estudiantes. Y las Iglesias deben formar y hablarles de manera más realista.
—¿Cree usted que la aplicación del Artículo 173 del Código Penal, el cual establece hasta 12 años de prisión a quien viole a una menor de 14 años, sea una solución?
— No, el daño está hecho, las aspiraciones de la víctima ya están rotas. Además, el apoyo económico necesario no podrá exigirlo si su victimario está preso.
— Entonces, ¿qué hacer con el agresor?
— El juez de Familia deberá obligarlo al pago de los gastos de alimentos, estudio y medicinas cuando lo necesite el menor hasta cumplir la mayoría de edad, por lo menos.
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Esta nota es producto del Diplomado «Periodismo, Fiscalización y Transparencia» que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el IRI otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense).
