TSE de Quetzaltenango a la espera de cómo se resolverán impugnaciones a ley electoral

La delegada departamental, Blanca Juárez, espera tener certezas previo a desarrollar una serie capacitaciones previstas para este mes.

Blanca Juárez es la delegada departamental del Tribunal Supremo Electoral en Quetzaltenango. Foto: Claudia Lepe

 

Por Claudia Lepe

Quetzaltenango, como el resto del país, está a la expectativa de cómo se desarrollará el proceso electoral en 2019 ya que la Corte de Constitucionalidad no se ha pronunciado sobre dos amparos interpuestos en contra de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos: los que presentaron la Cámara de Medios de Comunicación y el CACIF en contra de siete y 11 artículos, respectivamente.

“Nosotros, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no tenemos información” señala Blanca Juárez, delegada departamental de esa entidad. “Estamos a la espera de que desde la central nos indique que medidas se adoptarán para año próximo”.

Juan Carlos Salanic, diputado por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que en 2016 el Congreso conoció las primeras propuestas de cambio a a la LEPP que se trabajaron en consenso con la sociedad civil y el TSE. “Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad detectó inconsistencias y algunas no fueron aceptadas”.

René Juárez, investigador del Centro Universitario de Occidente, Cunoc, identificó, en esta fase del proceso dos problemas. “No se conocen cuáles son las reformas que estarán vigentes y sobre las que se tiene certeza no representan un verdadero cambio para el sistema político. Son sólo parches”, señaló.

Por otra parte, “el TSE no cuenta con un plan de educación que explique en qué consisten las reformas. Es necesario informar a los partidos políticos y al electorado cuáles son las nuevas reglas del juego”.

Cecilia de Gallardo, delegada en Quetzaltenango de la Procuraduría General de la Nación, señaló que las reformas efectuadas “son de cumplimiento obligatorio. Pero es de suma importancia determinar cómo afectarán a los partidos políticos o a los electores. Necesitamos certezas que aún no tenemos”.

Existen dos puntos álgidos, puntualizó Salanic, uno es el tema del financiamiento electoral ilícito y otro es del transfuguismo. Estos temas, apuntó “han creado división en el mismo Congreso”.

La delegación departamental del Tribunal Supremo Electoral planificó desarrollar, en noviembre, dos días de capacitaciones. El primero con su personal y el segundo con treinta líderes  del departamento. “El objetivo es darles a conocer las reformas que, esperamos, hayan sido ya definidas para cuando podamos organizarlos” puntualizó Juárez.

“Debido a que el proceso electoral se desarrollará de forma distinta en esta ocasión, la UNE está capacitando a sus afiliados”, señala Salanic, “A las bases les estamos informando mensualmente, sobre la Ley Electoral con lo que hasta el momento contamos para evitar que se cometan ilegalidades durante el proceso”.


“Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
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