Pese a que tienen conflictos con la ley, lograron escalar los primeros puestos. ¿El motivo?, medir la ética representa un reto.
Por José Pablo del Águila
La Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan) presentó su ranking de gestión municipal, el cual evalúa a las 340 comunas en las áreas de participación ciudadana, servicios públicos, gestión administrativa, financiera y estratégica, y rendición de cuentas.
Los resultados: los alcaldes de las primeras cinco comunas enfrentan procesos de antejuicio, o bien, están vinculados a proceso penal.
También fueron reconocidas las municipalidades de Salcajá, Quetzaltenango; ciudad de Guatemala, cabecera de San Marcos, San Marcos La Laguna, Sololá, y San José Pinula, Jalapa.
Karin Slowing, extitular de la Segeplan, considera que la institución debería investigar y crear un indicador que mida la ética en la administración pública. “(En esta medición) deben introducir en su metodología las consideraciones de orden ético”, dijo. De lo contrario, se lanza el mensaje que el mal manejo de los fondos públicos no tiene repercusiones.
Miguel Ángel Mohr, jefe de la Segeplan, dijo que el ranking debe servir a las corporaciones ediles para medir cuáles son sus avances y sus rezagos en cada una de los temas de medición.
Al cuestionarlo acerca de los señalamientos a los alcaldes en los primeros lugares, dijo: “El ranking municipal es una métrica técnica que mide gestión y desempeño institucional. Los indices o 31 indicadores son claros en decir qué se mide, y corresponde al qué hacer de la municipalidad. La municipalidad y la gestión es independiente de proceso específico que se haga a un funcionario”.
Evaluar la ética
El primer paso es que los concejos municipales creen códigos éticos y una comisión que regule el comportamiento de los servidores públicos, explica Jorge Mario Andrino, autor del libro “La ética en la función pública, condición para la transparencia del Estado”.
Actualmente, evaluar la conducta y la moral de las comunas es complicado ya que no existen parámetros de medición, dice Andrino.
“Para construir un indicador que fuera estándar para todas habría que crear elementos básicos e indispensables para una administración. Cada municipalidad debería crear una política de ética que incluya el código y el comité, pero esta es una decisión política”, explica Andrino.
Wálter Figueroa, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, comenta que no es viable considerar los procesos penales y antejuicios contra funcionarios públicos ya que muchos de ellos aún se dilucidan en los tribunales. Además, debido a la debilidad del sistema de justicia, muchos casos tardan varios años en esclarecerse y se extienden más allá del período de medición.
Figueroa coincide con que crear códigos de ética es un primer paso. A partir de ahí, se podría establecer qué tanto un funcionario se sujeta o aleja su conducta del mismo.
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