Los visitantes a la ciudad colonial pagan por el derecho a estacionarse. Esta tasa ha sido impugnada jurídicamente.
Por Julio Sicán
Desde el 13 de enero de 2009, todos los visitantes a La Antigua Guatemala deben pagar por el derecho a aparcarse en sus calles o avenidas. El reglamento para la regulación del estacionamiento dentro del perímetro urbano colonial y áreas circundantes fue aprobado el 28 de diciembre de 2008 con la venia del ex alcalde, Adolfo Vivar, hoy procesado por casos de corrupción.
En su momento, se argumentó que el congestionamiento y saturación de las calles era un problema importante al que debía de encontrársele solución. Y para ello se impuso una tasa de Q10 para vehículos de hasta 7 pasajeros; Q20 para autos de hasta 15 pasajeros; Q40 para autobuses de hasta 30 viajeros y Q50 para los que excedan esa capacidad. Las banquetas señalizadas con línea roja no son para estacionarse y las señalizadas con blanca son para motos. Los horarios y días de aplicación son de domingo a jueves de 6 a 20 horas; viernes y sábado de 6 a 22 horas.
Un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, detalla que el ingreso por la venta de marbetes de febrero de 2009 a junio de 2016 asciende a Q33,383,170,00.
Esta disposición enfrentó objeciones legales desde el inicio. Jorge Rosales, ciudadano antigüeño, presentó una querella penal contra el Concejo Municipal 2008-2012 ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, porque según adujo, este contenía la posibilidad de comisión de varios ilícitos. Entre ellos: exacciones ilegales, usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y obstrucción extorsiva de tránsito.
El juez Luis Fernando Pérez ordenó la suspensión del cobro el 23 de julio de 2009 y otorgó medidas de arraigo en contra de los integrantes del Concejo, quienes el 27 de agosto promovieron una acción de amparo en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de La Antigua Guatemala argumentando que Pérez no tenía facultad legal para proceder como lo hizo. Cuatro días después, esta instancia les dio la razón.
Sin embargo, el 7 de septiembre de ese año, Carlos Azurdia, delegado de Sacatepéquez de la Procuraduría General de la Nación (PGN), (y hoy síndico II de la Corporación Municipal) interpuso un recurso de apelación a lo decretado por la Sala Regional Mixta ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Mientras el cobro del marbete se discutía en tribunales, la comuna antigüeña ya había percibido, para agosto de 2009 más de Q375 mil.
El 19 de agosto de 2009, la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió una opinión, y en el oficio A1-237-2009 argumentó que el cobro no podía considerarse como “tasa porque no contempla la retribución de un servicio público… y tampoco es arbitrio porque no es ley del Congreso”. Consultado el actual contralor, Carlos Mencos, sobre el caso dijo respetar los puntos de vista emitidos por la entidad en ese momento. “Como institución no señalamos errores, ayudamos a fortalecer la gestión pública”, declaró.
La CC no conoció los argumentos de la CGC y el 30 de septiembre de 2010 resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la PGN.
Hoy, la alcaldesa Susana Asensio argumenta que el cobro sigue porque “está adquiriendo el carácter de tasa. Los agentes que venden los marbetes prestan vigilancia en el cuadrante y reportan anomalías. Están prestando un servicio”.
Pero algunos usuarios se quejan de no encontrar parqueo cercano a sus destinos y además de pagar una cuota extra, casi obligada, a los cuidacarros . “Los problemas son los fines de semana cuando tenemos menos agentes porque están sindicalizados y damos una sensación de no tener presencia en las calles”.
Otro problema ha sido la falsificación de marbetes e incluso, la municipalidad interpuso una denuncia en el Ministerio Público sobre el caso, sin que haya habido avances. Para lidiar con ello, dice la jefa edil, éstos cuentan con un código de seguridad para evitar su manipulación. Este año, en abril, se adquirieron por compra directa 300 mil por Q31,200,00.
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Esta nota es producto del Diplomado «Periodismo, Fiscalización y Transparencia» que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el IRI otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense).
