Se llama Marvin Cruz y es zacapaneco, pero desde 2008 está al frente de esta alcaldía en Petén. Sus problemas legales los atiende el asesor jurídico de la municipalidad.
Por Sofía Menchú
Marvin Rolando Cruz Guzmán administrará por cuarta ocasión la municipalidad de Dolores, Petén. El alcalde conocido como “el tigre” estuvo a punto de perder el poder en 2016, cuando el Ministerio Público (MP) solicitó retirarle el antejuicio para investigarlo por lavado de dinero.
Sin embargo, esa acusación no lo obligó a abandonar el cargo antes de concluir su período (2016-2020), tampoco evitó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Poptún lo inscribiera como candidato por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en las elecciones de este año. Mucho menos, afectó la decisión de los votantes quienes le dieron una victoria en las elecciones de junio con el 40.15 por ciento de los votos. Con esto aseguró el cargo hasta 2024.
El alcalde entrampó el proceso legal en su contra con la ayuda de su excompañero de universidad, Melvin Giovanni Portillo Arévalo, un abogado experimentado conocido entre políticos y en algunas universidades, asesor en el Congreso y con diversos contratos en el sector público.
Según las investigaciones, Cruz junto con dos empleados municipales cobraron cuatro cheques por un total de Q530 mil. La audiencia del debate en contra de los extrabajadores comenzó el pasado 9 de diciembre y la resolución final se espera para antes de que termine el año, en un juzgado de Poptún.
Las anomalías en la municipalidad no comenzaron en 2015. Los registros de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) –la unidad de la Superintendencia de Bancos que previene el lavado de dinero–, revelan que desde 2008, cuando tomó posesión de su cargo, hay transacciones millonarias sospechosas en las cuentas institucionales.
Por ahora, ni la ruta del dinero que salió del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), ni el rastro de todos los cheques emitidos de esta forma durante siete años (2008–2015) pueden ser investigados porque Cruz Guzmán goza del derecho de antejuicio y esto se ha convertido en el escudo que lo tiene a salvo.
La alerta de la IVE
A finales de 2015, la IVE detectó los movimientos en una cuenta del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) vinculada a la municipalidad de Dolores. En ese momento encontraron cuatro transacciones por Q530 mil, dinero que salió a través de cuatro cheques.
El alcalde cobró uno por Q130 mil, lo cual no es permitido. Solo la Cuenta del Tesoro Municipal puede girar cheques, y estos no pueden salir a nombre del alcalde ni de los empleados, a menos que sea para pagar sus salarios.
Los otros tres fueron emitidos a nombre de: José Miguel Obando Amador y Walter Melvin Morales Hoil, ex director administrativo financiero y asistente del despacho, respectivamente.
Ellos fueron sindicados de abuso de autoridad y peculado por sustracción porque, según la investigación, después de retirar el dinero lo ingresaron a sus cuentas personales.
Con ese hallazgo, la IVE consultó con la Contraloría General de Cuentas. Esta emitió una opinión consultiva y confirmó que el trámite era ilegal. Con esta respuesta se presentó la denuncia en la fiscalía de lavado de dinero del MP.
Esta primera alerta de la IVE permitió la captura de los dos exempleados de confianza del alcalde, y comenzó la batalla del MP para retirarle el antejuicio.
“Hoy en día cualquier persona puede presentar denuncias, en especial aquellas que perdieron una elección. No me preocupa, estoy tranquilo”, dijo el alcalde en esa ocasión a un medio escrito.
A la sombra de “el tigre”
Melvin Giovanni Portillo Arévalo vive en la ciudad de Guatemala, es asesor jurídico de la municipalidad de Dolores y cobra Q10 mil mensuales de honorarios.
Es abogado y notario por la universidad Mariano Gálvez y fue alumno del excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. A él le dedicó su tesis. Cursó dos maestrías, una de la Universidad de San Carlos y la otra de la Panamericana. En ambas fue Cum Laude, y también tiene un doctorado de la Usac.
En 2011 participó como candidato a diputado por Petén en la casilla tres, con la alianza UNE-Gran Alianza Nacional. “Iba a ser primera casilla, pero quedé en la tercera. Fue imposible entrar”, comentó. En la lista le antecedieron Julián Tesucún y Manuel Barquín (fallecido en 2018).
Tres años después, fundó la Asociación de Juristas en Defensa de la Nación (Jurnac) que apoyó entre 2014 y 2015 a Baldizón y presentó en esa época denuncias contra el entonces comisionado de CICIG y la exfiscal Thelma Aldana.
La hoja de vida del abogado de Dolores es extensa, y tiene tiempo para trabajar en distintas instituciones del Estado e impartir cátedras en distintas universidades, dentro y fuera de la ciudad.
Además, tiene un bufete jurídico profesional Portillo & Asociados, en el que ofrece “seguridad y eficiencia”. Este lo atiende con su esposa, Lilia Alejandrina Gómez Telón, y otros abogados. La oficina está en el edificio Aristos Reforma, zona 10 de la capital y cubre nueve departamentos, la mayoría del nororiente del país.
“Soy consultor jurídico y doctor en Derecho, no soy asesor. Mis contratos son de consultorías y no estoy sujeto a una jornada de trabajo ni a temas específicos”, dijo.
En el portal Guatecompras, el abogado tiene contratos con el Estado desde 2010 que suman Q2 millones 625 mil 141 por servicios, no solo en Dolores sino también en otras municipalidades de Petén y un par de consultorías con la Portuaria de Santo Tomás de Castilla.
Su esposa, también recibe contratos del Estado. Entre 2015 a 2018 facturó Q121 mil, de los cuales Q49 mil corresponden al pago de servicios jurídicos en la municipalidad de Dolores de 2016 a 2018.
“Ninguna asesoría incluye una defensa personal de nadie. Todos los antejuicios deben ser pagados de manera personal por los alcaldes. Nosotros no podemos incluir dentro de la asesoría ninguna defensa”, respondió cuando se le preguntó si los Q10,000 mensuales que le paga la municipalidad cubren también la defensa del alcalde en el caso del antejuicio.
En relación a los pagos recibidos por su esposa dijo que como el bufete es una corporación, tanto ella como cualquier otro abogado que trabaja en Portillo & Asociados puede firmar un documento como parte de la misma asesoría que él provee.
Al comienzo de esta legislatura, Portillo estuvo como asesor del diputado Julián Tesucún. Después pasó a la bancada Movimiento Reformador (MR) con el exdiptuado Jaime Regalado y hasta octubre de este año, trabajó con la diputada Karla Martínez del recién cancelado partido UCN, en la Comisión de Salud con honorarios por Q12 mil mensuales, según registros del Congreso de la República.
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El vaivén del antejuicio
Cuando el MP solicitó el retiro del antejuicio, el 22 de agosto de 2016, este llegó con la jueza pesquisidora Antonia Julieta García Calvillo, vocal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de Petén. La defensa del alcalde recusó a García Calvillo.
Portillo Arévalo dijo a este medio que el hermano del alcalde, Randol Manfredo Adán Cruz Guzmán, secretario en un juzgado de El Chal, escuchó un comentario contra el alcalde y por eso la recusaron, la denunciaron y presentaron una solicitud de antejuicio contra ella pues dudaban de su imparcialidad.
Pero, en la sentencia de amparo 1852-2018 de la Corte de Constitucionalidad (CC) que Ojoconmipisto revisó, la defensa argumentó que escucharon comentarios de varios vecinos que fueron procesados y condenados, la mayoría por casos de violencia contra la mujer.
“(La jueza) No suele otorgar criterios de oportunidad en los cuales otros juzgadores sí otorgan (…) su actuar es parcializado (…) Estas circunstancias le han afectado sicológicamente (al alcalde) ya que consideró que no tendría un proceso justo y equitativo”, detalla el documento.
García Calvillo no aceptó la recusación y la envío a la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén, la cual, en abril del siguiente año, falló a favor del jefe edil. El caso pasó con el juez de la Libertad, Moisés Chavarría López, el mismo que en 2009 dejó libres a cuatro supuestos integrantes de los Zetas en Cobán a cambio de una multa de Q5 mil. También cerró un caso contra una de las sobrinas de Sandra Torres por defraudación tributaria y estafa, entre otros procesos.
La jugada salió bien para el alcalde y su abogado pues Chavarría decidió que el funcionario debería mantener su inmunidad. En paralelo, el MP presentó un amparo provisional para revocar la decisión de la Sala y regresar el caso con la jueza García, este le fue otorgado.
Sin embargo, Chavarría no respetó que el proceso estaba en suspenso gracias a una acción del MP y emitió su dictamen de “no ha lugar” al antejuicio. La defensa cuestionó que la fiscalía no se presentó a tiempo a ratificar la solicitud de antejuicio, y por eso ya no debería tomarse en cuenta su alegato.
El 29 de enero de 2018 los abogados impugnaron el amparo provisional conseguido por el MP, pero la CC lo denegó y el proceso quedó en suspenso. Ocho meses después la CC resolvió a favor del MP y ordenó que vuelva de nuevo al primer juez pesquisidor para que decida si retira o no la inmunidad a Marvin Cruz.
Desde entonces, el caso está detenido y por eso el MP no puede investigar la ruta del dinero ni el resto de transacciones que en estos años descubrió la IVE.
Melvin Portillo tiene una explicación que favorece a su cliente. Dijo que el alcalde hizo un sobregiro en el CHN, porque debió compartir parte de su presupuesto con El Chal, cuando este se separó de Dolores en febrero 2014.
“Se hizo la operación del sobregiro para cumplir con planillas y salarios, se hizo un procedimiento legal y se pidieron dictámenes. Se logró pagar tres meses a los trabajadores”, explicó Portillo.
Sin embargo, esta práctica comenzó en 2008 –cuando El Chal era parte de Dolores–, cuando Marvin Cruz asumió el cargo.
“La única razón por la cual el alcalde puede recibir un cheque de la municipalidad es por el pagoa de su salario, dietas, prestaciones, reintegro de caja chica si la tuviera,o para pagar el pacto colectivo a los del renglón 011. Más allá de eso no existe ninguna otra forma legal para que la alcaldía le emita un cheque”, explicó Edwin Escobar presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
El alcalde de Dolores no respondió las solicitudes de entrevista para esta nota.
«El tigre» va por los 16 años
Marvin Rolando Cruz Guzmán nació en Zacapa el 8 de septiembre de 1970. Ha sido un hombre de la UNE, ese partido fue el que lo llevó y lo mantiene en el poder. En 2015 fue la única vez que participó por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), pero este año volvió a ganar con la bandera de la UNE.
Una auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas que examinó su gestión de 2008 a 2015 estaba llena de anomalías e irregularidades. Entre los hallazgos figura que la municipalidad era su propia proveedora y se compró a sí misma Q515 mil 675 en compras directas en 2010. La explicación del alcalde, del encargado de compras y del tesorero, ahora preso, fue la falta de capacitación de los empleados que utilizan el sistema Guatecompras.
En 2016, la CGC detectó desórdenes en el control de materiales de construcción que entran y salen de la bodega. También retrasos y falta de registros en la adjudicación de obras de infraestructura, las multas alcanzaron los Q54 millones. La última auditoría de 2018, por primera vez, no tuvo reparos, ni sanciones.
El abogado Portillo se siente confiado porque si a los dos exempleados no les acusaron de lavado, él considera que al alcalde tampoco. Ya están para presentar la defensa ante el juez pesquisidor cuando vuelvan a citarlos.
“De hecho, el alcalde ha salido bien en todas las auditorías que le han realizado. Ha sido la municipalidad más auditada de todo Petén porque siempre que toma posesión hay un grupo que presenta denuncias espurias, políticas. Yo creo que tenemos unas 18 en la fiscalía contra la corrupción, pero todas son falsas”, dijo.
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