Cinco acciones que los futuros alcaldes deben tomar en cuenta

Los Q6 millardos del presupuesto que reciben las municipalidades cada año, deben ejecutarse con transparencia, dicen los expertos.

 

Trabajos de bacheo sobre la calle principal de Colmenas Villa Canales.
Foto: Facebook. Municipalidad de Villa Canales.

 

Por Patricia Ramírez

 

Hacer gobiernos participativos y públicos son algunas de las acciones que los alcaldes que asumirán cargos el 15 de enero del próximo año, deben tomar en cuenta para transparentar su presupuesto.

Gerson López, secretario operativo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), recuerda que cada año las municipalidades reciben Q6 millardos correspondientes al aporte constitucional.

En cuanto a las acciones de claridad presupuestaria, López recomienda a los próximos gobiernos ediles “respetar la priorización de las obras proyectadas, porque están dentro de los presupuestos, esto les permitirá ser participativos, organizados y tener respuesta inmediata de las autoridades”.

También destinar el 20 por ciento del presupuesto al tema de agua y saneamiento. Este es un problema que se ha generalizado en el 80 por ciento de los municipios. Además, antes de que termine el año entrará en vigencia el acuerdo 236-2006 que obliga a las municipalidades tener dos plantas de tratamiento.

Por último, el secretario operativo de Anam dice que los alcaldes deben rendir cuentas tal y como lo establece la ley y respetar los techos asignados para los proyectos priorizados. “Deben trabajar en común acuerdo con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y convocar a los vecinos para que sean parte de su gestión”.

En tanto, Enrique Godoy, ex vicealcalde de la municipalidad capitalina, señala que no todos los alcaldes lograron reelegirse –solo 84 de 273 que lo intentaron–, “porque la población ya no confía en el continuismo”. Los futuros alcaldes, agrega, deben trabajar con una agenda pública, “es decir que se conozca quiénes participarán, cuándo se celebrarán las reuniones, dónde y los temas a tratar; luego dar a conocer un resumen del resultado y/o acuerdos alcanzados”.

Asimismo, considera que hay que modernizarse, por tanto “sería bueno que las sesiones del concejo “se coloque en el programa LifeFramer, para que se queden archivadas y se tenga acceso en cualquier momento  para consultarlas”.

Y por último, Godoy les recomienda “presentar anualmente una versión corta de su declaración patrimonial y un informe que está al día en el pago de sus impuestos”.

En tanto, José Santos Sapón, expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, advierte que las acciones de un jefe edil para marcar su transparencia son simples. Uno: poner en práctica o cumplir lo que la ley ordena y acatar la Ley de Acceso a la Información”.

Otra cosa que deben tener claro “es acatar el principio de participación ciudadana, porque las personas tienen derecho a conocer lo que pasa en la administración, por ejemplo: cuáles son las obras y sus montos asignados a cada una. Además, la ciudadanía puede participar en las sesiones de la administración municipal con voz, aunque no con voto”, aclara Santos Sapón.

“Así de prácticas son mis sugerencias”, continúa el ex jefe edil indígena, “porque los alcaldes desde que se proponen o los proponen deben estar claros del trabajo trasparente y obligación universal que deben ejecutar, pero, sobre todo, conocer el principio republicano, ya que por eso mismo somos una república”, finaliza.


Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense). Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.

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