En octubre de 2016, José Elías Herrera Guerra, fue contratado para ejecutar obra pública. Esto no fue razón suficiente para que el TSE lo excluyera del proceso.
Por José Pablo del Águila
José Elías Herrera Guerra es candidato a la alcaldía de Guastatoya, El Progreso, por el partido Bienestar Nacional (Bien).
En un inicio, su participación tambaleó porque el Registro de Ciudadanos le denegó la inscripción como candidato por ser contratista del Estado.
El contrato que lo colocó en problemas fue uno del 27 de octubre que le adjudicó la Municipalidad de El Palmar, Quetzaltenango, para rehabilitar carrileras de concreto en una aldea del municipio.
El acuerdo 445-2018 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece que ninguna persona que haya suscrito contratos con el Estado después del 10 de octubre de 2016 no puede optar a un cargo de elección popular.
Sin embargo, Herrera Guerra podrá ser candidato porque el partido BIEN presentó un recurso de nulidad sobre la resolución del RC que lo dejó fuera del proceso.
El TSE declaró con lugar la nulidad y ordenó al Registro que el candidato fuera inscrito.
José Luis Javier López, el fiscal del partido que presentó la nulidad, comentó que lograron demostrar que Herrera Guerra no era contratista del Estado.
Al preguntarle cuáles fueron los argumentos del partido, no pudo brindar mayores detalles. Ofreció compartir el número del abogado, pero al cierre de esta edición no lo hizo.
Hay prohibición
Stephanie Rodríguez, analista independiente, considera que Herrera Guerra sí es contratista del Estado y por lo tanto tiene una prohibición para ser candidato.
Rodríguez dijo que lo que se busca es que las personas no tengan ningún compromiso con el Estado al optar al cargo y que favorezcan a empresas de su interés.
Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, comentó que el candidato ejecutó una obra pública después de la fecha permitida por la ley.
Puntualizó que el problema en estos casos es que el TSE no ha hecho públicos los criterios para determinar quién es un contratista del Estado y quién no.
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